Luis Oliver y Mario Conde están a punto de tomar las riendas del Real Zaragoza, ya que el actual propietario del club, Agapito Iglesias, alcanzó el pasado viernes un acuerdo de venta que se formalizará si Ibercaja autoriza la liberación de los nueve millones que el empresario soriano tiene avalados con Codesport. La sociedad compradora ya ha presentado las garantías para hacerse cargo de esos avales después de una visita del expresidente de Banesto a Zaragoza a mediados de marzo y la respuesta de Ibercaja llegará durante la próxima semana tras analizar la documentación presentada por Oliver y Conde y su plan de viabilidad para una entidad lastrada con una deuda reconocida de 107 millones de euros en su última Junta, aunque la real estaría en torno a los 170. Agapito vendería, de este modo, su paquete accionarial, que estaba cercano al 96% y que ahora es inferior tras la donación de títulos que realizó el pasado verano y a la que se acogieron unos 11.000 abonados.

Mario Conde habría hablado también con Manuel Pizarro para pedirle intermediación ante la entidad bancaria que presidió el turolense. Además, detrás de Oliver y del expresidente de Banesto, que ya se hicieron con el control del Betis, del que tuvieron que salir, hay más empresarios, algunos de ellos con pasado reciente en el fútbol español. La operación está solo pendiente de esas garantías y la respuesta se producirá en unos días, pero se lleva gestando varios meses, con reuniones en Zaragoza y en Madrid. Todos los términos legales de la misma se han llevado en un despacho de abogados de la capital aragonesa.

Según fuentes muy cercanas a la operación, ésta ya se encuentra acordada por ambas partes, con todos los extremos pactados a excepción de la liberación de los avales por parte de Ibercaja. Si se hace efectiva la compra, Mario Conde estaría en el consejo del club pero no sería el presidente. Al menos por ahora. Tampoco lo sería Luis Oliver, que podría ocupar el cargo de director deportivo o el de director general.

LA SITUACIÓN Los compradores no han informado oficialmente al Gobierno de Aragón, que sí tiene conocimiento extraoficial de la operación. La intención de Oliver y Conde es hacerlo cuando tengan el beneplácito de Ibercaja sobre los avales de Agapito. Hay que recordar que la DGA tiene avalados unos ocho millones de euros. Los avales de Codesport se producen en el momento de la compra del club en mayo del 2006, ya que se subrogó un aval personal concedido por Alfonso Soláns al Zaragoza. En el acuerdo de compra también estaba el pago de 12 millones a través de la empresa Zaragoza Sport Arena XXI, pero el último plazo, de cinco millones, aún no ha sido pagado, lo que motivó un cruce de demandas entre el expresidente y el actual propietario. Las reclamaciones de Agapito estaban basadas en que no se habían cumplido partes de lo acordado, sobre todo lo referente a la recalificación de las oficinas.

El empresario soriano ya estuvo cerca de vender el club en febrero al grupo liderado por Javier Abad y Xavi Aguado, pero el acuerdo no se materializó tras filtrarse a la prensa y por la necesaria presentación de las garantías financieras para hacer frente a la operación, algo que también ha ralentizado el proceso de compra de Oliver y Conde. En todo caso, las dos ofertas son independientes, si bien llegaron a mantener contactos entre sí.

Además de la liberación de los avales, Agapito puso un precio de venta no inferior a siete millones, cantidad que el empresario asegura que le costó la compra del Zaragoza a Soláns en el 2006, aunque las cifras de la venta del club en mayo de ese año son las mencionadas con anterioridad. En realidad, la mayor parte de esos siete millones corresponde al fichaje de Ayala en junio del 2007 --su cláusula con el Villarreal era de seis millones--, que el soriano asumió personalmente. Aun así, la cuantía de la venta sería finalmente algo inferior, próxima a los cinco millones.

LAS URGENCIAS DE AGAPITO Y es que Agapito necesita liberar con urgencia los avales de Codesport, sociedad matriz de su grupo constructor que está en grave crisis. En febrero presentó un ERE para 30 de sus 48 trabajadores, resuelto en marzo con 10 despidos. Para poder refinanciar Codesport, el empresario soriano necesita quitarse los avales que tiene esa empresa en el Zaragoza. De ahí la necesidad de una salida. A eso habría que añadir el cansancio y el desgaste personal que ha vivido, ya que la oposición de la afición a su gestión ha sido firme. Agapito sabe desde hace meses que sus días al frente del club están contados y así se lo ha dejado caer a algunos de sus empleados en las últimas semanas. De hecho, en las oficinas de la entidad zaragocista se tiene perfecto conocimiento de la negociación con Luis Oliver y Mario Conde desde hace tiempo.

Agapito tiene previsto estar en el palco del Pizjuán hoy --aunque se alejó del equipo en los últimostiempos--, pero si Ibercaja da el sí esta semana no es descartable que ya no se le vea en el partido ante el Getafe. Aun así, el acceso formal de los compradores tardará un par de semanas, por lo que culminaría con la temporada casi vencida, ya que acaba el 22 de mayo. La semana entrante es, pues, decisiva en el futuro del club, donde la revolución con la llegada de los nuevos propietarios sería total.

Oliver y Conde tomarían un club al borde del colapso económico y lleno de acreedores. Por eso, su primera medida como gestores bien podría ser decretar el concurso de acreedores y la entrada en La Ley Concursal, si bien eso no se produciría hasta final de temporada.

A ese concurso estaba abocado el club dada su actual coyuntura. Hay que recordar que el Zaragoza aprobó el 13 de diciembre unas cuentas con una deuda neta de 107 millones, con 64 millones a corto plazo, es decir a pagar o renegociar durante este 2011, mientras que a largo plazo consta de 69. Antes de marzo, el club debía hacer frente a unos 17 millones, que no se han desembolsado.

La entidad presentó un plan de viabilidad para dejar la deuda en 28 millones en el 2016, pero realmente ese plan no se ajustaba a unos parámetros creíbles. Empezando porque diversas fuentes sitúan la deuda cercana a los 170 millones y con un número ingente de acreedores, entre exfutbolistas, exempleados, proveedores, Hacienda, Seguridad Social... Y con la amenaza más que latente de la sentencia por Matuzalem, que será ratificada el 26 de abril y que implica unos 14 millones. En ese oscuro panorama el contrato televisivo --el actual termina en junio-- es una de las pocas luces, ya que la plantilla, devaluada y con muchos cedidos, tampoco ofrece demasiados argumentos económicos.