La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió ayer a prisión incondicional al expresidente del Barcelona Sandro Rosell y al abogado andorrano Joan Besolí por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal al apreciar indicios de que entre el 2007 y el 2011 lavaron casi 15 millones de euros (14.973.328 euros) procedentes de comisiones ilícitas obtenidas de la venta de los derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección de fútbol brasileña.

Los otros dos detenidos, el ganadero Pere Andreu Ramos, cuñado de Besolí y quien figura como titular de cuentas y empresas que se atribuyen a Rosell, y el empresario libanés Shahe Ohannessian, que supuestamente compró la empresa de marketing deportivo del principal imputado cuando asumió la presidencia del Barça, quedaron en libertad con comparecencias mensuales, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no pidió medidas para la esposa de Rosell, Marta Pineda, que ya había sido puesta en libertad por los agentes de la operación Rimet.

En los autos de situación, la jueza señala que todos ellos junto con Ricardo Teixeira y José Colomer -ninguno de los dos detenidos en la operación, pero ambos investigados- formaban parte de una organización criminal con ámbito transnacional, «la cual se dedicó a blanquear dinero procedente de comisiones ilícitas, derivadas de la venta por parte de Teixeira de los derechos de la selección de fútbol de su país a una mercantil árabe con sede en Islas Caimán, cuya denominación es Internacional Sports Eventos (ISE). Todo ello a través de un entramado de sociedades y cuentas principalmente en Andorra».

Según la magistrada, para conseguirlo, Teixeira, entonces presidente de la Confederación brasileña, firmó un contrato con ISE, vinculada al grupo empresarial saudí Sallah Albaraka Group. Así obtuvieron los derechos de los partidos amistosos disputados por la selección brasileña, a cambio de que la compradora, dirigida por el billonario saudí Saleh Kamel, pagara unos fondos de los que se apropiaron Rosell y Teixeira, en perjuicio de la confederación de fútbol. La resolución cifra en 6.580.000 euros lo recibido por Rosell y en 8.393.328 lo de Texeira, lo que supone un total de 14.973.328 euros.

Para dar apariencia de legalidad, el 23 de noviembre del 2006, la víspera de la firma entre ISE y CBF, Teixeira firmó con Uptrend un contrato con la Confederación, por el que la empresa constituida por Rosell en Nueva Jersey actuaría como intermediario para la venta de los derechos audivisuales. De conseguirse, Uptrend, participada por la panameña Fundación Regata, también del presidente del Barça, percibiría la misma cantidad que habían pactado que cobraría Teixeira.

Los ingresos de Uptrend se produjeron en Andorra mediante transferencias de sociedades del grupo Dallah Albaraka Group a cuentas en las que Besolí y Rosell son beneficiarios. Desde ellas se detectó un flujo de dinero a Teixeira o personas de su entorno de forma directa o a través de sociedades creadas por Besolí y administradas por Ramos o los hermanos brasileños Abrahao. Teixeira y su mujer llegaron a disponer de un visa platinum de una cuenta alimentada por Uptrend.

VENTA APARENTE / La parte de la comisión ilícita que correspondía a Rosell y su esposa la recibieron entre noviembre del 2010 y enero del 2011, cuando ya presidía el Barcelona. Para justificar esos 6,5 millones, el expresidente azulgrana declaró a la Agencia Tributaria que en el 2011 había vendido a la libanesa Sports Investments Offshore, administrada por Shane Ohannessian, su empresa Bonus Sport Marketing por la misma cantidad recibida por los derechos audiovisuales. De ahí que la jueza entienda que la venta fue «aparente» para blanquear las comisiones de origen ilícito y Ohannessian un mero «testaferro».

El auto cita varias pruebas que acreditan que la venta fue ficticia, como que Pineda siguió de apoderada de Bonus y que Rosell «no dejó de tener un destacado papel». La magistrada decreta la prisión por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. En el caso de Besolí porque Andorra no entrega a sus nacionales y en el de Rosell, que ha hecho del delito «su modo de vida», por sus contactos en el exterior.