La Audiencia Nacional ha absuelto a 11 de los 13 acusados de la despatrimonialización de Eurobank. Sólo ha condenado por delito continuado de administración desleal a María Vaqué Molas y a Manuel Vicente Fernández Nieto, por ayudar al que era presidente de la entidad, Eduardo de Pascual Arxé -que no ha sido juzgado por estar en rebeldía-, a crear un grupo de sociedades patrimoniales con el que se produjo la lesión del patrimonio sufrida por los socios de la entidad.
La sentencia impone a Vaqué dos años y tres meses de prisión y a Fernández, 13 meses y medio de cárcel, al aplicarles la atenuante de dilaciones indebidas. Ambos deberán indemnizar a los querellantes con 5.177.041 euros, y Vaqué, además, con 4.399.300 euros más.
Eurobank del Mediterráneo tenía un capital social de 26.782.616 euros cuya titularidad ostentaban en España 500 accionistas. En julio del 2003 fue intervenido por el Banco de España, después de que su presidente comunicara su propósito de renunciar a la licencia bancaria y de proceder a la liquidación de la sociedad. Un mes después un juzgado declaró la suspensión de pagos.
Anticorrupción, 53 acusaciones particulares y la Asociación por la defensa de los intereses de los socios y accionistas de Eurobank acusaban a 14 personas de asociación ilícita, delito societario continuado, estafa en grado de tentativa e insolvencia punible. Pero la sala segunda de lo Penal no ve delito ni en las operaciones de compra de acciones desarrolladas por el banco ni en la compraventa de inmuebles de la entidad por las que se les acusaba.
Sólo considera que se cometió un delito de administración desleal por la lesión del patrimonio sufrida por los socios o terceros por parte de Vaqué y Fernández, cooperadores necesarios de la actuación del presidente del banco, quien con la ayuda de ambos creó un grupo de sociedades patrimoniales controladas en diversos momentos y circunstancias por él mismo.
