El 70% de las sanciones impuestas en Aragón en el 2017 por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) se debió a incumplimientos en los plazos de pago, especialmente entre las bodegas y los mayoristas del sector hortofrutícola. En la comunidad se llevaron a cabo 141 inspecciones de oficio en los sectores agrícolas y ganaderos desde la creación, en el 2014, de la AICA -organismo dependiente del Ministerio de Agricultura- que se han saldado con 13 sanciones: seis a bodegas, tres a industrias lácteas, dos a mayoristas de frutas y hortalizas y dos a empresas ganaderas.

En cuanto a los subsectores, un total de nueve sanciones se han impuesto a las industrias alimentarias, tres a mayoristas de frutas y una a un productor por no colaborar y aportar la información requerida. El importe de las multas en la comunidad es bajo, 13.000 euros correspondientes a seis empresas, según explicó ayer el director de la AICA, José Miguel Herrero, que adelantó que este año se reforzarán las inspecciones en el sector de las frutas de hueso para que cuando se venda la producción exista un contrato escrito que recoja el precio estipulado, así como el cumplimiento del plazo de pago en 30 días por ser producto perecedero (si no lo fuera la ley permite que se alargue hasta los 60 días).

La otra campaña que la AICA va a intensificar este año en Aragón, y que comenzará en unos 15 días, es la vigilancia en las bodegas también para verificar la existencia de contratos escritos y el cumplimiento de los plazos de pago.

Herrero explicó que el papel de la AICA es el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en el 2013 para mejorar su funcionamiento y su labor. Se centra en vigilar las relaciones comerciales entre compradores y vendedores para que se cumplan las obligaciones.