Los miembros de la comisión de investigación de Caja Inmaculada volvieron ayer a reunirse en las Cortes de Aragón tras el parón veraniego. El objetivo de los cinco ponentes --uno de cada partido político con representación en la cámara aragonesa-- es trazar una hoja de ruta que les llevará a la presentación de un dictamen sobre la gestión llevada a cabo por la entidad a partir del 2001.

Para ello, se ha diseñado un calendario hasta comienzos de octubre que contempla la celebración de dos reuniones semanales, según apuntó ayer el portavoz de la comisión, Antonio Ruspira (PAR). Por tanto, se trabaja con la hipótesis de cerrar el dictamen durante la primera semana de octubre y, dos semanas después (el próximo 23 de octubre), llevarlo al pleno de las Cortes de Aragón para su aprobación.

Hasta la fecha, la comisión de investigación ha llevado a cabo un trabajo de búsqueda y requerimiento de información, aunque la propia CAI ha sido la primera en no remitir la información sobre las actas del consejo de administración y de otros órganos de la entidad. Eso, pese a que se realizaron un total de tres requerimientos por escrito por parte de los miembros de la comisión. Tampoco ha llegado documentación procedente del Banco de España, que, junto a la de CAI, se consideran "claves" para conocer los entresijos de la gestión de Caja Inmaculada en la última década.

Además, la comisión cuenta con los testimonios de los 43 comparecientes que fueron interrogados en las Cortes de Aragón.

Por el momento, según apuntó el portavoz de la comisión, la Fiscalía no ha solicitado información a las Cortes de Aragón. Los servicios jurídicos del parlamento aragonés ya comunicaron a finales del pasado mes de julio que no se habían detectado hasta ahora "indicios de irregularidades" suficientes como para trasladar una denuncia ante el ministerio fiscal.