Un real decreto para frenar el cierre de las térmicas que queman el carbón nacional, como la de Andorra, propiedad de Endesa. Es la fórmula por la que apuesta decididamente el Gobierno de España para salvar este sector minero-eléctrico, del que dependen en Teruel cerca de un millar de empleos de manera directa.

El objetivo de la futura norma, que verá la luz en tres o cuatro meses, es establecer las condiciones legales para que las compañías eléctricas puedan acometer la clausura de este tipo de instalaciones. Uno de los requisitos fundamentales sería el de justificar que no son rentables económicamente para las empresas que las explotan, algo que el Ejecutivo pone en duda.

Así se lo transmitió ayer a los sindicatos el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en una reunión celebrada en Madrid. UGT y CCOO salieron algo descontentos por la falta de concreción de las medidas hacia el sector del ministerio que dirige Álvaro Nadal. Aunque ven con buenos ojos el mencionado real decreto, dudan de que llegue a tiempo y de que resulte efectivo, ya que temen que pueda ser judicializado por las eléctricas, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Según los sindicatos, Navia reafirmó el compromiso del ministerio en favor de que el carbón español se mantenga como fuente de generación eléctrica autóctona que debe permanecer en el mix energético de 2020 a 2030. En este sentido, el secretario de Estado recordó que el Ejecutivo prepara una ley de transición energética en la que pretende dar cabida a este mineral. La elaboración de la norma, que se prevé que esté lista en seis meses, va a contar con la participación de los sindicatos mineros.

«pocos hechos» / «Estamos igual que antes: muchas buenas palabras y pocos hechos», aseguró al término del encuentro Antonio Montoyo, responsable de minería de CCOO Aragón, que junto con Francisco Montull (UGT) formaron la representación aragonesa en la reunión. «El Gobierno se lo quiere poner difícil a Endesa para que no cierre, pero no ofrecer ninguna seguridad de que vaya a conseguirlo. Llega tarde», apuntó Montoyo.

Desde UGT, reclamaron asimismo al ministerio que impulse un nuevo Plan del Carbón --el actual finaliza en el 2018- centrado en un plan social que permita afrontar de forma ordenada el previsible desmantelamiento del sector minero. Pese a todo, la térmica de Andorra y las minas turolenses funcionan en estos momentos a pleno rendimiento.