El plan especial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para crear un único juzgado centralizado por provincia para lidiar con las cláusulas suelo y otras reclamaciones hipotecarias iba a entrar en funcionamiento hoy, pero no lo hará de inmediato, ni exento de polémica. Ni siquiera en las capitales donde la infraestructura ya está preparada, como en Zaragoza, han llegado a tiempo los nombramientos de secretarios judiciales para los juzgados. Y en los últimos días crece la oposición al proyecto por parte de todos los operadores judiciales, desde los jueces a los procuradores y abogados.

Al comunicado conjunto de los 50 jueces decanos del martes se sumó, ayer, un recurso contencioso-administrativo presentado ante el Tribunal Supremo por el Consejo de la Abogacía Catalana, en el que la entidad pide la suspensión cautelar del acuerdo. La abogacía catalana argumenta que este plan puede perjudicar los intereses de los afectados porque dificulta el acceso a la justicia del ciudadano, que tendrá que desplazarse y destinar unos recursos económicos de tiempo para defender sus derechos ante los tribunales.

El consejo considera que en lugar de centralizar la justicia y concentrar estos juzgados en las capitales de cada provincia, bajo la excusa de una pretendida especialización, «es necesario crear nuevos donde hacen falta y dotar a los ya existentes de los recursos humanos y materiales necesarios para descongestionarlos»

CONGESTIÓN / La iniciativa judicial catalana responde a un sentir general de que este plan de juzgados especializados, que ayer ratificaron el CGPJ y las comunidades autónomas en una reunión en Madrid, no solo no va a solucionar el problema de estas reclamaciones sino que los va a agravar.

Según explicaban ayer fuentes judiciales, en Aragón, la gran mayoría de las reclamaciones se han registrado por el momento en la capital (799 de las 850 presentadas en toda la comunidad en el primer trimestre). Pero este volumen de trabajo hará que el juzgado de Primera Instancia 12 bis, el órgano de nueva creación en Zaragoza, nazca colapsado.

Pero las críticas van más allá de la ineficacia. Los jueces decanos, y los abogados consultados ayer lo consideran una injerencia en la organización interna judicial que puede redundar en beneficio de la banca, no solo por la dilación.

Entre las directrices que se han dado a los jueces sustitutos que asumirán estos juzgados figura la de limitar las pruebas a la documentación aportada, sin testificales, según reflejaba el comunicado de los jueces decanos. Y en estos casos, el testimonio del consumidor es, a menudo, la prueba más contundente de la falta de transparencia de la cláusula suelo. Porque esta figura en el contrato, lógicamente, otra cosa es que se explicara convenientemente.

Los abogados no son el único colectivo judicial que se han pronunciado en contra del plan de urgencia para atender las demandas. La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) --anteriormente conocidos como secretarios judiciales-- se quejó ayer de que los jueces encargados a partir de hoy de resolver los conflictos derivados de los contratos hipotecarios con cláusulas suelo abusivas no tienen experiencia. Además, afean que, a estas alturas, ni el CGPJ ni el propio Ministerio de Justicia hubieran decidido qué tipo de personal integrará estos órganos judiciales.

Los jueces que asumirán estos juzgados, en su última etapa de prácticas, han recibido un curso de formación de 24 horas. Otro problema será que este periodo de formación en solitario teóricamente dura cuatro meses, y la duración mínima prevista de su funcionamiento son seis meses, si no han de prorrogarse por la entrada de más asuntos.