Los polígonos empresariales de Aragón se sienten desamparados con el actual marco legislativo que cataloga a estos espacios como zonas residenciales, lo que complica la gestión de sus servicios e infraestructuras y provoca distorsiones en materia de impuestos. Para resolver ese vacio, los empresarios reclamaron ayer al Ejecutivo de Javier Lambán la puesta en marcha de una ley aragonesas de gestión, modernización y promoción de áreas industriales, siguiendo el modelo que está impulsando la Comunidad Valenciana. Entre otros aspectos, la nueva norma podría facilitar la colaboración entre empresas y ayuntamientos para administrar conjuntamente estos complejos a través de entidades mixtas.
La propuesta parte de la Federación de Polígonos Empresariales de Aragón (Fepea), creada hace seis años para defender los intereses de las 10.000 compañías instaladas en los 348 complejos de este tipo que hay en la comunidad. Esta organización celebrará el próximo jueves 9 de noviembre una jornada empresarial en Zaragoza donde pondrá de relieve esta y otras demandas. Para ello, contará con la participación de la directora de Elche Parque Empresarial, Raquel Rosique, quien dará a conocer la experiencia de gestión de este complejo, que funciona como entidad urbanística de conservación mixta, un sistema pionero en España que ha inspirado además la citada ley valenciana.
Ese será el tema estrella del primer Congreso de Áreas y Polígonos Industriales de Aragón (Foro Fepea 2017), que se desarrollará en el hotel Zentro de la capital aragonesa con la participación de un centenar de personas.
DEFICIENCIA DE SERVICIOS
El encuentro, que será inaugurado por el director general de Industria de la DGA, Fernando Fernández, fue presentado ayer en rueda de prensa en la Diputación de Zaragoza por el secretario de la Asociación de Empresas del Polígono Empresarium, Carlos Marquino, la gerente de la Asociación de Industriales de Cuarte (AIC), Cruz Dueso, y el diputado provincial y alcalde de Remolinos, Alfredo Zaldívar.
Tanto Marquino como Dueso, ambos miembros de Fepea, denunciaron la «situación deficiente en servicios básicos» que hay en los polígonos empresariales aragoneses, sobre todo en cuanto a telecomunicaciones, movilidad, seguridad o suministro eléctrico. En este sentido, destacaron que la mayoría no tiene acceso a internet por fibra óptica o medios de transporte colectivo, así como la presión fiscal que sufren. Algunas de estas carencias creen que podrían resolverse con una ley autonómica que propiciara un modelo de gestión de estas áreas más eficiente.
Impuestos / Otro de los problemas es que algunos de estos complejos son tratados en las ordenanzas municipales como comunidades de vecinos, lo que supone que tengan que asumir los costes de recogida de basuras o consumo de agua estén las naves vacías u ocupadas, como ocurre en Empresarium.
También lamentaron que el Gobierno de Aragón no cuente con este colectivo como interlocutor en materias que le competen, como el Plan Estratégico de Suelo Industrial que está elaborando la DGA.
