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TRIBUNALES

Primeras demandas contra el Popular de accionistas de Aragón

Un zaragozano reclama los 15.000 € perdidos con la venta al Santander

 

J. HERAS PASTOR
28/10/2017

La batalla judicial en torno al Banco Popular, intervenido el pasado junio y comprado por un euro simbólico por el Santander, comienza a tomar forma entre los afectados de Aragón. Un accionista particular de Zaragoza ha presentado ante los juzgados de primera instancia de la ciudad una demanda civil contra la entidad para reclamar el reintegro de los casi 15.000 euros que perdió tras invertir en la compra de títulos del banco en la ampliación de capital de mayo del 2016.

Se trata, probablemente, de la primera demanda de este tipo que se presenta en la comunidad y no será la última, según el letrado Nacho de Diego, socio de Lean Abogados en Zaragoza y que representa al demandante. Este despacho tiene previsto registrar varios pleitos más en las próximas semanas y estudia hasta un centenar de casos de accionistas aragoneses del Popular, con cantidades invertidas que van desde los 500 euros al millón.

Los 305.000 accionistas que el Popular tenía perdieron toda su inversión (1.300 millones de euros en total) con su compra por parte del Santander. Como alternativa para compensar este perjuicio económico, el nuevo propietario ha ofrecido los llamados bonos de fidelización, siempre a cambio de que renuncien a ir a los tribunales y solo a quienes adquirieron acciones del banco entre el 26 de mayo y el 21 de junio del 2016 coincidiendo con la última ampliación de capital. Este producto financiero es deuda perpetua y ofrece una rentabilidad del 1% anual. Si se vende en el mercado secundario inmediatamente, el titular puede recuperar el 70% del valor de la inversión realizada en dicha ampliación de capital.

Desde Lean Abogados, sin embargo, desaconsejan a los pequeños accionistas suscribir estos bonos. Es más, este despacho ha solicitado a la CNMV que revoque su autorización para comercializar este producto financiero por considerar que es complejo y de riesgo para este perfil de inversores, a los que además se obliga renunciar a acciones legales contra el banco.