El sector agroalimentario es uno de los que mejor está soportando el acoso de la crisis económica en los últimos años. Quizá por eso, uno de los pocos nichos para la inversión sea precisamente este. Ayer mismo, el Consejo de Gobierno aprobó la realización de varias iniciativas de inversión presentadas por la Sociedad Puerto Calanda SL y las Asociaciones Fuensalada para la Integración y Magna Calanda para la Investigación.
Se trata de tres proyectos, cuya puesta en marcha va a suponer supone la creación de 104 puestos de trabajo con contrato indefinido de los que alrededor de 42 serán ocupados por personal discapacitado. El presupuesto total de la inversión asciende a 42.6 millones de euros, según informó ayer el Ejecutivo aragonés en un comunicado.
EMPLEO EN TERUEL Estas iniciativas crearán, en el polígono de Fuensalada de Calanda, en la provincia de Teruel, una industria de Manipulación y Envasado de productos cárnicos y vegetales asados y cocidos con una inversión de más de 28 millones de euros y 49 puestos de trabajo. También, un Centro Especial de Empleo de Industria de elaboración y envasado de productos vegetales con un presupuesto total de casi seis millones de euros y la creación de 40 puestos de trabajo, así como un Centro Tecnológico de servicios de diagnosis y soluciones tecnológicas para pequeñas y medianas empresas industriales con una inversión de ocho millones de euros y 15 nuevos puestos.
Con la ejecución de estas iniciativas empresariales, el Gobierno de Aragón pretende que el sector público aragonés, mediante reformas en sus procedimientos de actuación, facilite al máximo las iniciativas económicas favoreciendo así el mantenimiento y la creación de empleo.
MÁS EMPRESAS Pero esta no parece ser la única inversión en un escenario de crisis, ya que el consejero de Economía, Francisco Bono, señaló que mantiene negociaciones con varios empresas para su instalación, aunque no quiso desvelar nombres. Al respecto, Bono indicó que no puede hacer públicos sus nombres hasta que no quieran las compañías. Ha justificado este hecho a que existen "razones lógicas de discreción" para que las compañías no quieran que se sepa que se pueden instalar en Aragón.
