La reforma energética del Gobierno pueden acabar saliendo cara al bolsillo de los trabajadores. No solo por el encarecimiento del recibo de luz doméstico, sino también por las repercusiones en los salarios y en el empleo derivadas del incremento exponencial de los costes de energía al que se enfrentan algunas compañías. Ese riesgo corren los 1.537 trabajadores de las ocho industrias de Aragón afectadas por la modificación del denominado servicio de interrumplibilidad eléctrica y, en menor medida, por la supresión de la tarifa modular o de horas valle. Estos cambios pueden llegar a duplicar la factura de la luz de seis de estas empresas.

Así lo alertaron ayer los sindicatos aragoneses, preocupados por las consecuencias laborales que puede conllevar la reforma energética. Por ello, delegados de UGT y CCOO en las empresas amenazadas por estos cambios de tarifas eléctricas se reunieron ayer por la tarde en Zaragoza para analizar este problema.

Ambas centrales piden al Gobierno que retire la normativa que regula estas nuevas tarifas que encarecen de manera muy notable el precio de la energía al sector industrial. En su opinión, esto supone una pérdida irreversible de su competitividad, sobre todo en relación a otros países europeos.

"Es un ataque directo a la industria de este país, cobrando a este precio la energía no va a venir nadie a invertir", lamentó José Juan Arcéiz, secretario general de MCA-UGT Aragón, tras la reunión de delegados sindicales, en la que también participó su homóloga en la Federación de Industria de CCOO, Ana Sánchez.

En concreto, las compañías con presencia en Aragón afectadas por la nueva normativa sobre interrumplibilidad son Arcelor-Mittal (que tiene una planta en Zaragoza), Ercros (Sabiñánigo), Carburos del Cinca (Monzón), Químicas del Cinca (Monzón), Hidronitro y Cemex (Morata). Todas están acogidas a este régimen que bonifica a grandes consumidores de energía a cambio de que interrumpan su consumo en situaciones de emergencia del sistema eléctrico. La modificación de las condiciones de la tasa, que entra en vigor en enero, puede duplicar la factura eléctrica.

"AVISO A NAVEGANTES"

A estos casos se suman los de Casting Ros y Pyrsa, ambas ubicadas en Teruel, que verán penalizadas sus cuentas por la desaparición de la tarifa modular. En conjunto, estas ocho empresas suman más de 1.500 trabajadores que los sindicatos creen que pueden llegar a peligrar.

"Estamos con las empresas en este asunto pero si el Gobierno no da marcha atrás, no permitiremos que el sobrecoste lo paguen los trabajadores", advirtió Arcéiz. "Los empresarios no han podido resolver el problema para mantener los precios de antes y ya han lanzando un aviso para navegantes a los comités", señaló Sánchez en alusión a los posibles recortes que pueden derivarse del sobrecoste de energía.

Según explicaron, la factura eléctrica es muy superior a los gastos laborales para el citado grupo de empresas aragonesas, que son grandes consumidores de energía debido al tipo de actividad productiva a la que se dedican (fundiciones, química, cemento). "Es un problema serio", remató Arcéíz, que reivindicó un plan energético nacional. "No es de recibo que la electricidad en España sea la más cara de Europa", agregó.

Para tratar de encontrar soluciones, UGT y CCOO van a solicitar una reunión con las ocho compañías amenazadas por la nueva interrumpibilidad. El asunto ya fue tratado la semana pasada a las Cortes de Aragón de la mano del PSOE, que alertó sobre el problema.