La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló ayer la reforma del Gobierno que propone ampliar el cumplimiento efectivo de las penas a 40 años de cárcel. Pero además propuso que la medida alcance a los terroristas que ya están presos, puesto que el sector conservador del Consejo apoya que esos internos pasen un mínimo de 20 años encarcelados para acceder al tercer grado.
Los vocales conservadores derrotaron por tres votos a dos las tesis de la minoría progresista en la comisión de estudios del CGPJ, órgano de gobierno de los jueces presidido por Francisco José Hernando. El informe sobre la reforma penal, que será examinado el martes por el pleno del Consejo, no fue cuestionado por los cinco vocales en cuanto al endurecimiento de las condenas. Las discrepancias surgieron sobre el acceso a los beneficios penitenciarios.
RESOCIALIZACION La mayoría respalda que, con carácter general, los presos sólo puedan acceder al tercer grado cuando hayan cumplido la mitad de la pena. La legislación actual no establece un mínimo de cumplimiento. Esta propuesta significa que los condenados a 40 años de prisión sólo podrían obtener ventajas penitenciarias después de pasar 20 años en la cárcel.
Los vocales progresistas rechazan esa posibilidad por estimar que esa estancia mínima es contraria a la resocialización, ya que "hagan lo que hagan no saldrán de prisión". Los terroristas, según esos vocales, no se esforzarán en pagar las indemnizaciones que correspondan a sus víctimas ni en colaborar activamente con la policía o los jueces, ni harán renuncias expresas a la violencia.
La reforma del Gobierno permite que, en casos de terrorismo, se pueda ampliar hasta los 30 años de cumplimiento el acceso a beneficios penitenciarios. Los vocales conservadores sugieren que sean 20 años.
La mayoría conservadora también avala que la nueva legislación se aplique a las condenas futuras por delitos cometidos cuando estaba en vigor la anterior legislación.
