Por fin se ha conocido el duro plan de ajuste contemplado en los Presupuestos del Estado, bastante previsible excepción hecha de una generosa amnistía fiscal encubierta para el dinero negro que hace solo unos meses provocaba urticaria al PP. La intención del Gobierno de Mariano Rajoy es que afloren alrededor de 34.300 millones que hoy se encuentran expatriados fuera de España o sencillamente ocultos. De cumplirse sus previsiones, con una tributación del 10%, se conseguirían 3.250 millones de recaudación con los que contribuir al recorte de 27.300 millones que traen las cuentas para este año. Algo es algo si este dadivoso y poco ejemplarizante tratamiento a los defraudadores permite que los sinvergüenzas que se han aprovechado del país ayuden de una vez, como copartícipes de la crisis, a mejorar el estado de las cosas. Ya en 2010 y en 2011, Rodríguez Zapatero intentó abordar el lastre de la economía sumergida sin conseguirlo, tras comprometerse ante los jefes de la UE.
Al margen del justificado cabreo y de la crítica que causará este plan de amnistía entre los millones de asalariados y de trabajadores que tributan por sus rentas, aún está por ver que esta vez funcione, como parcialmente lo hizo cuando los ministros Boyer en 1984 y Solchaga en 1991 aprobaron medidas similares. Si de paso se castigara a alguno de esos pésimos ciudadanos que se dedican profesionalmente a burlar al fisco, la felicidad sería completa y el apretón más llevadero, aunque fuera anímicamente, que también cuenta.
En cuanto a las cuentas del Estado presentadas por el ministro Cristóbal Montoro, el recorte es todavía mayor que el anunciado hace solo unos días por el presidente Rajoy de visita en Corea. Roza el 17% respecto de las aprobadas en el 2011, dos puntos más, sin tener en cuenta las obligaciones de años anteriores, una cifra récord que se llevará por delante las inversiones y que apenas sostendrá servicios y prestaciones esenciales a expensas de que escampe el temporal financiero que se ha recrudecido sobre España. Entre los ministerios más perjudicados, se lleva la palma el de Asuntos Exteriores y Cooperación, con un tijeretazo de más del 50% especialmente intenso en las partidas de cooperación. De seguir así, pasaremos en unos años del ansiado objetivo del 0,7% al 0,07% para países en vías de desarrollo.
Tampoco se quedan atrás las carteras inversoras por excelencia, Fomento y Agricultura, con una rebaja superior al 30%. Si alguien albergaba alguna duda sobre la contratación de obra pública, que se vaya olvidando: este año las inversiones van a bajar a niveles no conocidos. Pensando en Aragón, nos tendremos que conformar con que no se paralicen las autovías del Pirineo, la A-23 en el complejo tramo de Monrepós y la que debe enlazar en unos años Jaca con la frontera navarra. Nos dirán que hay fondos para proyectos largamente reivindicados como los desdoblamientos de la N-II y la N-232, pero en unos días comprobaremos que se trata de partidas simbólicas que hasta puede que ni se ejecuten. Esas dos peligrosas carreteras serán una prioridad política, pero en absoluto presupuestaria, y solo encontrarán solución rápida si se busca un acuerdo con las concesionarias de las autopistas AP-2 y AP-68 que transcurren en paralelo a las mismas.
No hay mucho que objetar de la discrecionalidad del ajuste, pues sin afectar a los departamentos inversores sería imposible. Es más, el de Rajoy sí que es un ajuste cuantificable, no como el acometido por Luisa Fernanda Rudi en Aragón. La presidenta pronunció el martes en Madrid una conferencia para explicar su agenda reformista y su política de racionalización del gasto en la DGA. Empleó buena parte del tiempo en detallar las acciones más destacadas de su gobierno, como la reducción de estructura y de asesores, la auditoría de las empresas públicas, los incentivos fiscales, pero solo fue capaz de cuantificar una de ellas, la nueva recaudación aflorada con las medidas de control tributario, que fijó en siete millones de euros. Si se tiene en cuenta que los presupuestos de la comunidad autónoma superan los 5.000 millones... Es más, cuentan que la directora general de ratings soberanos para Europa, África y Oriente Medio de Standard & Poors, Myriam Fernández de Heredia, de conferencia en Zaragoza invitada por la asociación ADEA, se quedó el otro día enormemente sorprendida en un encuentro informal con el responsable de Hacienda de la DGA, José Luis Saz Casado. El consejero se recreó en el importante ahorro que generaba la fotocopia por dos caras y la alta ejecutiva, pensando acaso en la deuda autonómica y en los graves lastres del sistema financiero español, no daba crédito a lo que oía. No es que se trate de reclamar más aceite de ricino en forma de recortes en Aragón, pero las cosas son como son y Rudi ha metido la tijera en obviedades de corto recorrido.
La parte más controvertida de los presupuestos deberá explicarla la ministra de Trabajo, Fátima Báñez Tras la durísima reforma laboral que ha merecido una huelga general e importantes manifestaciones populares en toda España, es incomprensible que se supriman 557 millones para políticas activas de empleo. Si la contestada reforma es dura, la eliminación de estas cantidades para formación y ayudas a la contratación supone un auténtico golpe a los asalariados y a las clases populares. Tampoco acaban de justificarse las subidas de impuestos previstas, que acabarán afectando a las medianas empresas, así como la nueva tarifa de la energía. Una subida del 7% de la luz a los consumidores parece un exceso, por más que se defienda que las operadoras también han sido castigadas. Difícilmente estos presupuestos recibirán apoyo en su tramitación parlamentaria.
