Desde las europeas de mayo del 2014, todas las elecciones han deparado sorpresas que ponen de manifiesto que una parte importante de los ciudadanos buscan alternativas distintas a los partidos convencionales. Si el año pasado la revelación fue Podemos, en las autonómicas del 2015 es muy destacable el ascenso de Ciudadanos. Ambas formaciones tienen en común que erosionan el bipartidismo, debilitando su representación hasta el punto de abocar a las instituciones a una política de pactos que pone a prueba la cintura de los políticos y las costuras del sistema.

Aunque el PP filtre interesadamente que el fenómeno de Ciudadanos puede ser evanescente, existe el convencimiento de que el partido de Albert Rivera ha venido para quedarse. Lo mismo que sucedió hace unos meses con Podemos, por más que en Cataluña hayan cosechado un resultado que dista mucho de los cálculos de Pablo Iglesias y los suyos, muy probablemente por otro fenómeno específico de Cataluña en esta fascinación ciudadana por nuevas formaciones como es el del ascenso de la CUP. A diferencia del PSOE, más flexible ante los pactos, los populares parecen enrocados con la idea de las mayorías absolutas. Mariano Rajoy, generacional y políticamente incapaz de ver más allá de las tradicionales alternancias, parece no entender que la estabilidad del país dependerá a partir del año que viene de los equilibrios entre partidos como ya ocurre en ayuntamientos y parlamentos regionales muy fragmentados.

Una traslación de los resultados de las municipales y autonómicas de mayo pasado pone de relieve una representación tan diversa y heterogénea que imposibilitará un gobierno monocolor muy mayoritario. Son comicios distintos, pero si Aragón votara el 20-D como lo hizo en estas elecciones, o incluso como en las europeas del año pasado, la representación quedará mucho más dividida. Con la ley d'Hont y con las últimas encuestas del CIS en la mano, Podemos y Ciudadanos obtendrán representación al menos por la circunscripción de Zaragoza. Y lo mismo en otras muchas provincias donde ambos partidos emergentes obtuvieron porcentajes de voto superiores al 10% y en ciertos casos rozando el 20%.

Ante este escenario, además de acudir con sus programas electorales y sus programas en firme, todos los partidos, y especialmente los mayoritarios, habrán de presentarse a los comicios dejando claro cuáles son sus preferencias sobre los pactos. Aparte de los ejes ideológicos clásicos (izquierda-derecha) o de los nuevos incoporados por Podemos y C's (arriba-abajo, colapso democrático-regeneración...), los concurrentes a las elecciones tendrían que dejar claro cuáles son sus líneas rojas para posibilitar gobiernos estables.

Se está viendo en muchos ámbitos donde no se han alcanzado mayorías consolidadas (Zaragoza es un ejemplo) que sin estabilidad no solo está en juego la capacidad real de gobierno, sino la propia credibilidad de las instituciones. Lejos de conseguir los efectos deseados, el pretendido aire fresco que ha entrado en ayuntamientos o gobiernos regionales se topa con la realidad de unos acuerdos imposibles.

Pero no solo la política de pactos para la gobernabilidad será clave en la próxima legislatura. el periodo 2016-2019 está llamado a una importante actividad legislativa para definir la arquitectura del sistema. La necesidad de reformas o ajustes, de una intensidad variable según la visión de cada partido, parece tan evidente que todo aquel partido que pierda representación o voz tenderá a la invisibilidad. Puede darse la paradoja de que las fuerzas aragonesistas pierdan representación en Madrid en el momento más decisivo. Con esas mismas encuestas antes mencionadas en la mano, ni PAR ni CHA (salvo coalición con IU) parecen capaces de obtener escaños en solitario, después de una presencia más o menos constante en el Congreso o el Senado durante los ultimos 30 años. De ahí que no debería extrañar que finalmente ambas formaciones pudieran encontrar acomodo gracias a un pacto con sus afines ideológicos, PP y PSOE, respectivamente. Aunque de momento todo el mundo guarda silencio, por unos u otros motivos, es una posibilidad que está encima de la mesa con más visos de realidad de lo que los dirigentes de los partidos quieren dar a entender. Los contactos se han producido, y tanto los populares como los socialistas saben que por limitado que sea el sumatorio de estas coaliciones, su impacto cualitativo en el reparto puede ser determinante.

Así pues, las del 20-D no solo serán unas elecciones para renovar el parlamento que elegirá al nuevo presidente del Gobierno. Los comicios generales se presentan también como un test definitivo del bipartidismo y darán paso a una de las legislaturas más trascendentes de las últimas décadas, con nuevos desafíos y reformas a la vista que pondrán a prueba la madurez democrática de un país tensionado en los últimos años por una compleja crisis económica, social e institucional.