El complejo caso de Juana Rivas, la granadina que se negó a entregar a sus hijos a su exmarido italiano (condenado por violencia sexista), se mueve en planos que parecen llamados a no encontrarse: el humano, que ha provocado muchas muestras de solidaridad, y el judicial, que va en su contra, aquí y en Italia. Acusada de desobediencia a la autoridad y retención de menores, se entregó el martes tras 28 días huida para evitar que sus hijos, de 11 y 3 años, debieran volver a Italia con el padre, a quien la justicia de su país dio la custodia provisional. Quede claro, sobre todo, que la lucha contra la violencia machista no admite titubeos y que el progenitor, Francesco Arcuri, fue condenado en el 2009 por lesiones en el ámbito doméstico. Vejaciones que, según la afectada, han sido habituales desde mediados del 2013, cuando volvieron a convivir. Pese a los informes favorables de tres jueces sobre la «aptitud» de Arcuri para cuidar a sus hijos, es esta una resolución cuestionable, porque un maltratador tiene muchos números para no ser un buen padre. En España se reforzó la legislación en el 2015 al reconocer a los menores como víctimas directas de la violencia doméstica. El problema es que su aplicación no se corresponde con esa intención. Ahora que Rivas ha vuelto --no tenía otro camino-- a la vía de la justicia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la meta final de su lucha.
Que Twitter es un gran ágora pública de la que se hace un uso extremo, en lo bueno y en lo malo, es una evidencia palmaria que se ha manifestado con total rotundidad desde los atentados de la semana pasada. Los famosos 140 caracteres han servido tanto para que la cuenta de los Mossos d’Esquadra haya realizado un riguroso y medido ejercicio de comunicación pública, como para que con muchísima menor mesura (o ninguna) desde infinidad de cuentas personales se hayan despachado todo tipo de insinuaciones, noticias sin confirmar, bulos y opiniones variopintas, muchas de ellas bajo el signo del ajuste de cuentas o de otras motivaciones todavía más inquietantes, como la actitud más intolerante o incluso el racismo. Es en esta última situación cuando se revela necesaria la actuación de la justicia para evitar que se convierta en moneda corriente. No se trata de poner vallas al vasto campo de Twitter, sino de apelar a su uso responsable, y más en el contexto de unas circunstancias tan trágicas. Sin duda, no resulta tarea fácil. Hay que reiterar por ello el aplauso para el despliegue hecho desde la cuenta de las Fuerzas de Seguridad por su tratamiento comunicativo en una situación de crisis y emergencia. Y no solo por su utilidad para los medios. Por encima de todo, ha supuesto un gran servicio de apoyo a la ciudadanía.
