Los incentivos económicos gubernamentales para facilitar el consumo del carbón como energía primaria para generar electricidad están en duda. Lo dice la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y enturbia el futuro de esta actividad y --en lo que afecta a Aragón-- la inversión necesaria en la térmica de Andorra para adaptarse a las exigencias medioambientales europeas a partir del 2023. Las zonas mineras reclaman su cuota de actividad, pero esa demanda social no puede ocultar la necesaria defensa de las renovables como horizonte energético de futuro. Y habrá que decidir.
