La sugerencia de la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) al Gobierno de Luisa Fernanda Rudi de que la comunidad se acoja al Fondo de Liquidez Autonómica --rescate-- para poder hacer frente a los compromisos de pago a proveedores ha producido en el Ejecutivo un revuelo considerable, quizá por no esperar de un colectivo afín a las políticas de la derecha una petición que deja al descubierto sus debilidades en materia financiera. Otros colectivos --y más amplios-- han denunciado con anterioridad ante la propia DGA, en los medios y en la calle las consecuencias de sus políticas de recortes y nunca los responsables del Ejecutivo se han sentido tan ofendidos. De hecho, acusan a la patronal de "desleal" y de practicar un ataque político y, lo que es más sorprendente, se escudan en la defensa del bien común para negarle tal capacidad. Un bien común que no se tuvo demasiado en cuenta con la aplicación de la reforma laboral, por ejemplo. Con todo, la decisión ante el rescate debe responder exclusivamente a criterios técnicos y de gestión en las condiciones. Y los empresarios deben asumir su situación, como el resto.
