El Colegio Profesional de Trabajadores Sociales ha protagonizado un encierro para denunciar la gestión actual del Ingreso Aragonés de Inserción (IAE) y la reforma de la ley que está por aprobarse. Las dos situaciones evidencian una carencia de sensibilidad de la Administración hacia los colectivos susceptibles de recibir estas ayudas que, en muchos casos ya sufren las demoras para acceder a ellas por la escasa dotación de personal para aligerar los expedientes y, en otros, se verán afectados al limitar su acceso la futura ley. Y lo dicen los profesionales que más en contacto están con la realidad. Organizaciones como Cáritas han venido aportando fondos para estas personas, haciendo una labor que corresponde a las autoridades y han optado por no continuar porque están en desacuerdo con el modelo. La DGA pierde otro colchón...
