Parece mentira que a estas alturas de la vida política democrática, todavía haya instituciones que paguen dietas sin justificar. Eso ocurre en las Cortes de Aragón y cambiará desde el próximo 1 de enero ya que los diputados tendrán que justificar sus desplazamientos para cobrar esos emolumentos. Es algo lógico y así funciona en la mayoría de empresas privadas. ¿Cómo es posible que se paguen gastos con dinero público sin justificar, independientemente de su labor y solo por tener la residencia declarada en un sitio o en otro? Más vale cambiar, aunque sea tarde y esto debe servir para que las Cortes de Aragón ahorren gastos --que no viene mal-- y para transmitir transparencia y confianza a los ciudadanos.
