La reciente sentencia del Juzgado n° 2 del San Lorenzo de El Escorial para exhumar los restos de los hermanos bilbilitanos Manuel y Antonio Lapeña Altabás ha vuelto a poner de actualidad la historia del Valle de los Caídos, del espectro de Cuelgamuros, una exaltación ostentosa del franquismo, una pesada losa que sigue pesando sobre nuestra historia y memoria democrática.
El 1 de abril de 1940, cuando se cumplía un año del final de la guerra civil, el "Día de la Victoria" en la terminología de la dictadura, tuvo lugar el acto inaugural de las obras de construcción del más tarde conocido como Valle de los Caídos. Ante los embajadores de la Alemania nazi, la Italia fascista y el Portugal salazarista, el general Franco detonó la primera carga de dinamita para perforar la roca granítica en lo alto del valle de Cuelgamuros, en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama. Desde su origen, este proyecto tuvo un claro significado político, cargado de ideología fascista como se refleja en el decreto de 1 de abril de 1940 por el que se disponía "se alcen Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes" con objeto de "perpetuar la memoria de los caídos en nuestra Gloriosa Cruzada.
El significado político e intemporal quedaba claro en la voluntad del régimen el cual se empeñó con ahínco en su pronta realización. Según Pedro Muguruza, el entonces director general de Arquitectura y responsable del proyecto, Franco tenía "vehementes deseos" de que las obras de la cripta, se terminasen en el plazo de un año, para inaugurarla el 1° de abril de 1941, estimando que el resto del conjunto monumental se concluiría en el transcurso de otros 5 años. Sin embargo, la magnitud del proyecto hizo que las obras se prolongasen durante 20 años a pesar de que en ellas trabajaron, un total de 20.000 obreros, muchos de ellos presos políticos republicanos, explotados como mano de obra esclava, como recordaba Julián Casanova, por empresas como Banús, Huarte o Agromán. En consecuencia, el conjunto monumental no se inauguraría hasta el 1 de abril de 1959, coincidiendo con el "XX aniversario de la Victoria".
Por entonces se decidió trasladar a "la gran obra" los restos no solo de los héroes y mártires del bando rebelde, sino también, los de soldados y civiles a los que las autoridades franquistas calificaban como "rojos". La razón de este cambio, ocurrida a mediados de la década de los años 50, como señalaba Belén Moreno, se debió a un intento propagandístico del régimen de transmitir una falsa imagen de reconciliación para ganarse la simpatía de las democracias occidentales.
EL ARCHIVO GENERAL de la Administración de Alcalá de Henares conserva algunas actas del Consejo de Obras del Monumento a los Caídos, creado en 1941 y que funcionó hasta 1967 en las que se recogen detalles sobre los traslados de los restos a dicho lugar. Así, sabemos que se encomendó a la Guardia Civil realizar listados de los muertos y asesinados en las distintas localidades, así como "un informe referente a los deseos de los familiares" acerca del posible traslado de dichos restos a Cuelgamuros (acta número 85, 30 diciembre 1957). Esto último, si bien fue aplicado de forma escrupulosa para el caso de los muertos "nacionales", (la familia de Calvo Sotelo se negó al traslado), la voluntad de los familiares de las víctimas republicanas nunca fue tenida en cuenta, nunca se pidió su autorización, ni tan siquiera fueron informados, por lo que el hecho de llevar sus restos a Cuelgamuros y enterrados donde en 1975 lo sería el dictador, como señalaba Baltasar Garzón, suponía para ellas "una nueva revictimización".
Por su parte, Camilo Alonso Vega, entonces ministro de la Gobernación, dictó diversas instrucciones de cómo debían de efectuarse los traslados de los restos a la vez que ordenaba se realizase un mapa por cada provincia en la que se debían de indicar todas las poblaciones con enterramientos y fosas así como el números de estas. De este modo, los traslados contabilizados fueron 491, desde finales de 1958 hasta 1983. Según documentación oficial, el número de restos registrados sería de 33.833 personas, de ellos, 21.423 son víctimas identificadas y 12.410 pertenecen a personas desconocidas. Dichos datos, posiblemente incompletos, aluden a los restos procedentes de las provincias aragonesas: Huesca (532), Zaragoza (3.430) y Teruel (4.590). No obstante, a fecha de hoy, la situación de las galerías que los albergan es tan mala que la humedad ha deshecho las cajas que los ordenaban y los huesos se han mezclado haciendo difícil, casi imposible, su identificación, como advertía el antropólogo forense Francisco Etxeberría.
Por todo ello, a fecha de hoy resulta inaplazable contextualizar el auténtico significado de Cuelgamuros, limpiarlo de todo vestigio franquista para convertirlo en un Lugar de la Memoria, lo cual supone, por supuesto, la salida de la basílica de los cuerpos de Franco y José Antonio además de arbitrar las medidas precisas para la exhumación e identificación de las víctimas que así lo deseen. Solo así se disipará este espectro del pasado, por un elemental sentido de justicia democrática, y por la reparación debida a la memoria de las víctimas del franquismo.
Fundación Bernardo Aladrén.
