La preocupación en el Gobierno aragonés por el desvío del déficit es patente. El lunes, la Intervención General del Estado informará a la DGA del recorte concreto que debe aplicar al presupuesto. Pese a que el desfase total alcanza los 270 millones de euros, podría reducirse a entre 125 y 150, ya que Hacienda solo exigirá el ajuste sobre el déficit estructural. El problema radica en que las cuentas ya estaban muy ajustadas precisamente para no superar el déficit, por lo que cualquier decisión sobre las cifras tendrá repercusiones. Y ahí es dónde el Ejecutivo lo tiene dífícil. No quiere tocar las áreas más vinculadas a los servicios públicos sobre las que ya se ha pasado la tijera de forma evidente. Insistir en ello supondría un desgaste político importante con la legislatura muy avanzada y en tiempo de balance. Nada positivo, por cierto.
