Que Aragón cuente con una ley de ética pública (impulsada por la consejería de Vicente Guillén) que fomente el comportamiento irreprochable de los políticos es positivo. Lo hubiera sido aún más de aprobarse por unanimidad, pero en este asunto el PP no está para muchos bailes. En la corrupción política, el factor desencadenante es la condición humana: el que se corrompe es porque puede y el que no, porque no quiere. Así pues, cuanto más difícil sea corromperse y más castigadas sean estas prácticas más a salvo estará el ciudadano de quienes tengan la tentación de hacerlo.
