Horas antes de que se desbloqueara el principio de acuerdo para la legislatura en Cataluña, Artur Mas dio un nuevo «paso al lado» y anunció que abandona la presidencia del PDECat al considerar que son necesarios nuevos liderazgos. Su renuncia es un buen reflejo de la situación que vive el independentismo. Por un lado, ejemplifica la disyuntiva abierta tras el fracaso de la vía unilateral: o mantener la confrontación directa con el Estado (que es la línea que desde Bruselas defiende Carles Puigdemont) o, sin renunciar a la independencia, acatar el marco legal y formar un Govern con la intención de gobernar, que es la tesis que ante la ejecutiva de su partido defendió Mas y que sostiene parte de ERC. Su marcha también es un crudo recordatorio del alto precio legal que los líderes del independentismo están pagando por su pulso con el Estado. Mas admitió que el segundo motivo por el que deja la presidencia de su partido es para poder concentrarse en los tres procesos legales que tiene abiertos: el del 9-N en el Supremo y el Tribunal de Cuentas y el del 1-O. La vida política catalana no puede abstraerse del hecho de que el liderazgo del independentismo afronta graves procesos judiciales a causa de la decisión de vulnerar el marco legal. Conviene tener en cuenta que muchas de las decisiones que se están tomando estos días, no solo la de Mas, tienen relación con ello. Y el lunes, la sentencia del caso Millet.
