En 1993 entraba en funcionamiento la depuradora de La Cartuja, la mayor de Aragón, y a partir de esa fecha hasta el 2005 se construyeron decenas de infraestructuras similares en las principales ciudades de Aragón con el apoyo masivo de fondos europeos. Desde esa fecha se pensaban construir 270 depuradoras más para atender especialmente a pequeñas poblaciones y en particular para las situadas en las cabeceras de los ríos pirenaicos, calificadas de zonas sensibles para la depuración de las aguas. Las inversiones de construcción y mantenimiento, en palabras del exconsejero Boné, superarían los mil millones de euros y crearían miles de puestos de trabajo. El Instituto Aragonés del Agua (IAA), creado en el 2001, sería el encargado de dirigir este proceso previa renuncia de los ayuntamientos a sus competencias de saneamiento y la privatización de su gestión excepto en unos pocos consistorios entre los que se cuenta Teruel y Zaragoza, esta última con la mitad de la población aragonesa.

Para el futuro se quiere obligar y condicionar la forma de participación de los ayuntamientos aragoneses en el plan, mediante dictámenes recogidos en la ley de aguas, aprobada en los últimos meses, y en la propia revisión del plan de saneamiento que como conclusión final daría todo el poder al IAA, eliminando toda la autonomía local sobre el saneamiento e invitando a que el abastecimiento también se cediera para su ulterior privatización.

Económicamente este plan se sustenta en el pago del Impuesto de Contaminación del Agua, el ICA, que desde su implantación se ha multiplicado varias veces. Pero debido a los altos pagos a las empresas concesionarias, --diez veces mayor que en las comunidades vecinas de La Rioja y Navarra-- el plan ha evidenciado un fracaso estrepitoso. El pasado año, más de 12 millones de déficit. La causa fundamental es que las depuradoras se han construido en términos absolutos a más del doble de lo necesario y con tecnologías innecesarias y carísimas. Algunos alcaldes, cuando ponían objeciones al elevado precio de construcción y mantenimiento, responsables de IAA les respondían que no había que preocuparse ya que los pagos se costeaban entre todos los aragoneses. Y las subidas del impuesto siguen. Solo en el 2017 tienen previsto una subida del 7,5%.

Comentamos algunos de los pocos casos que hemos podido conocer a pesar de las políticas de nula transparencia e información en estos cuatro años del exconsejero Modesto Lobón y de Alfredo Cajal, exdirector del IAA.

LAS ÚLTIMAS depuradoras licitadas en cinco localidades del alto Matarraña, se han ofertado por más de 40 millones de euros. Esto supone un pago de dos millones al año de amortización para los 20 años del convenio. Teniendo en cuenta que hay 4.400 vecinos supone un coste de 1.800 euros al año para una familia de cuatro miembros. Esto solo para la parte del recibo de depuración. Pero claro el Ferrari que les quieren colocar, sin contar con la opinión de los vecinos de Valderrobres, Beceite, Cretas, La Fresneda y Peñarroya de Tastavins, va a ser pagado por estos mismos y la solidaridad de los vecinos de Huesca, Barbastro, Jaca, Teruel... y Zaragoza cuando entre en el pago del ICA a partir del 2016 y tengan sus ayuntamientos que elevar sustancialmente los recibos a sus vecinos.

Algunos no han esperado al 2016. Así, a Huesca le cuesta depurar 1,1 millones de euros y paga 3,8. Aunque ya solo pague el mantenimiento de la depuradora, está pasando a la caja común del IAA 2,7 millones al año. En el caso de Barbastro, los costes de depuración son de 0,3 millones y paga 1,1. Casi cuatro veces más de lo que le cuesta depurar. Y en el caso de Jaca sus costes son de 0,4 millones de euros y paga 2,4, ¡6 veces más! Esto llevó al anterior gobierno municipal del PP a pedir la reversión de sus competencias de saneamiento cedidas al IAA, para poder pagar sus inversiones en infraestructuras de agua.

Pero el aspecto más grave de todo este proceso, son los 129 millones de euros que en un principio iban a ser destinados a la construcción de las depuradoras del Pirineo y que concedió el Gobierno central dentro del Plan Nacional de Mejora de Calidad de Aguas entre 2007-2015.

La gran mayoría de estas depuradoras no se han construido y en la página 98 del informe de la actualización del Plan Aragonés de Depuración no se dedica ni una sola línea a cómo se han invertido estos 129 millones. El IAA nos ha remitido a las subvenciones que de forma general se concedieron entre el 2007 y años siguientes, hasta el 2013, donde se recogen partidas dedicadas a particulares, empresas y al ciclo del agua en determinados ayuntamientos, nunca para la construcción de depuradoras, y que según nuestros cálculos a los que hemos dedicado mucho tiempo para su análisis, las inversiones no llegan a los 30 millones y si en cambio aparecen ayudas a grandes empresas que han llevado adelante procesos de depuración cuando estas mismas tienen millones de euros de beneficio al año.

NO DUDAMOS que la falta de transparencia en las cuentas de estos años pasados se van a solucionar con el nuevo consejero Joaquín Olona y la nueva directora del IAA, Inés Torralba, a la que hemos solicitado una entrevista para principios de septiembre para que nos ofrezca esas cuentas que venimos esperando desde hace cuatro años.

Además de estas cuentas, la primera medida que le vamos a pedir al Gobierno recientemente constituido, es que se realice una auditoría con una comisión de seguimiento, donde participe la sociedad civil con destacada presencia de juristas, economistas y expertos en temas de servicios urbanos del agua.

La segunda medida, es estudiar alternativas al IAA que se ha mostrado falto de transparencia y con la clara vocación de servir al beneficio privado en vez de buscar el interés general. Paralelamente habrá que diseñar un nuevo plan de depuración y modificar una ley de aguas que en varios artículos trataba de blindar el papel del IAA en el afán de quitar competencias y emponderamientos a los ayuntamientos aragoneses.

Estamos por la solidaridad entre todos los municipios. Pero para ello, previamente hay que conocer en este periodo opaco de una década de gestión del saneamiento en Aragón, el estado de las cuentas y el funcionamiento de las depuradoras para conseguir tener el agua de la mayor calidad para nosotros y nuestros ríos y, todo ello al, menor coste posible.

*Artículo firmado también por José Ángel Moncayo, del colectivo Red de Agua Pública de Aragón