No cabe ninguna duda de que una de las grandes aportaciones que está haciendo el nuevo equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Zaragoza es sacar a la luz la inmensa tomadura de pelo que suponen algunas, demasiadas, de las contratas de dicha institución. Resulta insólito contemplar cómo empresas de una gran potencia económica y beneficios estratosféricos racanean hasta el punto de incumplir las obligaciones establecidas en un contrato. Por lo que se ve, no ha hecho falta más que vigilar con un cierto celo, para advertir graves irregularidades en los servicios que se prestan a la ciudad.
Sorprende que hasta el momento, ninguno de los partidos que ha dirigido el consistorio haya entendido que era su responsabilidad asegurarse del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los contratos para que el dinero de la ciudadanía no se derroche de manera ineficaz. Por desgracia, PP y PSOE, PSOE y PP llevan décadas demostrándonos lo poco que les importa la gestión eficaz y sostenible de lo público, hasta el punto de que ha hecho falta la aparición de estas nuevas candidaturas ciudadanas, como la de Zaragoza en Común, para que comience a darse solución al alegre despilfarro de recursos públicos.
Me atrevería decir, a tenor de la reacción de los grupos municipales de PP y PSOE, que, más bien, les molesta que alguien haya tenido la osadía de fiscalizar a estas empresas. Si no fuera indignante, movería a risa que se reproche al concejal Alberto Cubero, que está desarrollando en este campo una gestión ejemplar, haberse personado, sin previo aviso y a las 7 de la mañana, en la sede de una de estas empresas para proceder a una inspección.
Con ser graves los hechos mismos, hay una cuestión sobre la que merece la pena que nos detengamos un momento. En España es deporte nacional la crítica de las administraciones públicas por su ineficacia y por su excesivo gasto. Pero resulta que quienes más utilizan esa crítica y quienes más erosionan a las administraciones públicas, PSOE y PP, son responsables directos de los males que ellos mismos dicen denunciar. La ecuación público-ineficaz y caro, privado-eficaz y barato no se sostiene de ningún modo. No en vano, la crisis que vivimos la ha generado un sector privado, el de los bancos, gestionado de manera desastrosa desde ese ámbito privado al que se elogia. Qué decir de lo que ha sucedido en otros campos, como las autopistas, por poner un ejemplo que también, como los bancos, acabaremos pagando entre todos.
La solución al problema de las administraciones públicas no es, como apunta la demagogia de Ciudadanos, privatizar servicios, sino gestionarlos con rigor, tarea que es posible si quienes los gestionan son conscientes de que están al servicio de la ciudadanía y no de las empresas que prestan el servicio. La economía debiera estar al servicio de las personas, no del exclusivo beneficio empresarial. Sin embargo, el capitalismo invierte el orden de prioridades. Al colocar el beneficio empresarial como única consigna, somete los intereses de la ciudadanía a los de las empresas, y nos intenta hacer ver que son una misma cosa. Pero en el Ayuntamiento de Zaragoza vemos cómo esa asimilación se quiebra.
La mejor manera de defender lo público es gestionarlo de manera eficaz. Quizá por ello, algunos hayan realizado una gestión tan chapucera y culpable, como medio más eficaz de erosionarlo. Zaragoza en Común se ha colocado en la senda de esa eficacia. Si lo consigue, será en beneficio de la mayoría social. Y en perjuicio de una minoría carente de responsabilidad ciudadana.
Profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza
