Los comentarios en el sector de los servicios sociales son cada día más insistentes en una intuición: que la inacción que se practica desde el Gobierno en la aplicación de la Ley de Dependencia es preludio de una futura privatización del servicio. Desde Aragón, un dato da indicios de por dónde va la gestión: es donde más ha retrocedido en un año en la ejecución de la Dependencia. El tiempo permitirá corroborar o descartar lo que hoy es un temor.
