Un día tras otro nos acongojan los medios de comunicación, los poderes económicos y políticos con la idea del grave peligro de nuestro sistema público de pensiones. La hucha de la Seguridad Social se agota; las pensiones serán insostenibles por razones demográficas: no habrá suficientes cotizantes para tantos pensionistas. De ahí la necesidad imperiosa de llevar a cabo reformas. La primera fue del gobierno socialista de ZP, retrasando gradualmente la edad de jubilación, y el cambio de 15 a 25 años para calcular la pensión. La segunda de Rajoy, introduciendo un factor de sostenibilidad que se basa en: el Factor de Revalorización Anual por el cual la actualización de las pensiones dependerá de la salud de las cuentas de la Seguridad Social, no de la evolución del IPC; y el Factor de Equidad Intergeneracional por el cual, un incremento en la esperanza de vida disminuye el valor de la pensión. Mas da igual. Reforma tras reforma no evita que las pensiones públicas en el futuro serán cada vez más reducidas. La conclusión clara: han de potenciarse las pensiones privadas. Una de las ideas básicas del sistema neoliberal. Un engaño más. En un aviso a navegantes, me fijaré sobre lo que supuso el paso de un sistema público de pensiones de reparto, a uno privado en Chile en tiempos de Pinochet. La creación de un sistema de capitalización individual a través de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) responde a un doble fundamento de corte neoliberal. Primero, una exaltación del individualismo que relega las soluciones colectivas para articular la solidaridad. Y, segundo, la firme creencia en las virtudes taumatúrgicas de la reducción del papel del Estado y de la expansión del mercado.

Las AFPs son la creación más emblemática del neoliberalismo chileno, hijas del cálculo y la imaginación de José Piñera, ex ministro de Trabajo del régimen de Pinochet y hermano de Sebastián Piñera. De raíces democristianas, José Piñera, a fines de la década de 1970 pasó a integrar el círculo de jóvenes talentos reclutados por Pinochet para "modernizar" el país. Para desmantelar el Estado, recibió del gobierno plenos poderes para sustituir el sistema público de jubilaciones y pensiones, supuestamente deficitario, y remplazarlo por uno de ahorro privado. Con ese cambio todos los trabajadores fueron obligados a entregar un porcentaje de sus sueldos a las AFPs, sin que hubiera aporte alguno de los empleadores. La excepción: los militares quedaron al margen y hoy siguen jubilándose con el 100% de su último salario.

En el sistema de pensiones privado chileno el empresario retiene a los trabajadores un 12,4% del sueldo; 10% para el fondo de pensiones, 1% para el seguro de invalidez y 1,4% para gastos y beneficios de la gestora AFP. La única reforma fue realizada en el 2008, en el primer gobierno de Bachellet, que introdujo una pensión básica solidaria para el 60% más pobre de la población, así como correcciones en los aportes de pensiones para compensar a mujeres y jóvenes.

Según la Fundación Sol, más que para beneficiar a los cotizantes el sistema de AFP sirve para dar financiamiento barato a las grandes empresas, en las cuales las administradoras invierten mediante acciones. Según Marco Kremerman, los grupos empresariales son así subsidiados por los trabajadores y obtienen fondos a una tasa de interés más baja que la imperante en el mercado. Unos 170.000 millones de dólares contiene el cofre de las AFPs.

La mayoría de los jubilados cobran una pensión media de 270 euros, inferior al salario mínimo, que es de 346 euros. Solo entre el 2010 y el 2015 las AFPs duplicaron sus beneficios, ganando en conjunto 765 millones de euros el año pasado. Una comisión creada en 2014 por Michelle Bachelet para estudiar la reforma del sistema de previsión concluyó que el 79% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y el 44% están por debajo de la línea de pobreza. La Fundación Sol estima que, al jubilarse, la mitad de los trabajadores que cotizaron durante tres décadas recibirían una pensión que no superaría el 22% de su último sueldo. Importes alejados de los anunciados por Piñera, que prometió a todo trabajador una jubilación mínima del 70% de su salario.

La plaza de la Constitución de Santiago de Chile simboliza el centro de poder. Allí está el Palacio de la Moneda bombardeado por Pinochet en 1973. En esa plaza falleció de un infarto, hace dos años, Mario Enrique Cortés, de 80 años. Pinochet también bombardeó la tercera edad, porque Mario murió en pleno invierno mientras trabajaba para una empresa de jardinería, como muchos ancianos chilenos obligados a seguir trabajando porque cobran pensiones misérrimas. Se levantaba a las 4 de la madrugada para llegar a tiempo a su trabajo desde la comuna de El Bosque; su trabajo iniciaba a las 6 y finalizaba a las 3 de la tarde.

Tanta injusticia tenía que generar un movimiento ciudadano de protesta. En julio y agosto se han producido grandes manifestaciones en muchas ciudades chilenas coordinadas por "No+AFP. Por un sistema de pensiones de reparto solidario, tripartito y administrado por el Estado". E incluso un paro nacional para el 4 de noviembre. Los portavoces de las AFPs critican la idea de estatalizar el sistema de cotizaciones tachándola de "populista". Profesor de Instituto