Transcurridos ya unos días de la huelga general del 29-M, tras el fragor de la batalla y llegado el lógico sosiego, podemos hacer unas reflexiones sobre ella. De entrada, en un aviso a navegantes, la huelga es un derecho reconocido en nuestra Constitución. Y si aparece en nuestro ordenamiento jurídico, su ejercicio no puede ser inculpado de falta de patriotismo. Algo funciona mal en un país, cuando hasta lo más obvio, hay una necesidad permanente de explicarlo. Además, cuando unos sindicatos convocan una huelga, es porque se han roto las vías del diálogo y la concertación, circunstancia achacable tanto al Gobierno como a los agentes sociales. Por ello, a ningún trabajador le agrada tener que recurrir a ella. Mas, la historia nos enseña que la mayoría de las conquistas socio-laborales de la clase trabajadora se han alcanzado mediante procedimientos de lucha, y uno de ellos ha sido y sigue siendo la huelga. La huelga de la empresa La Canadiense en la Barcelona de 1919 propició la aprobación de una norma de trascendencia histórica: el "decreto de la jornada de ocho horas", firmado por el conde de Romanones

Como no podía ser de otra manera se ha producido una guerra de cifras en cuanto a la participación. Para la patronal, los medios de comunicación de la derecha, y el Gobierno ha sido muy escasa. Un fracaso. Para los sindicatos convocantes muy alta. Un éxito. ¿No es posible conocer los datos reales de participación? Desde la caverna mediática, cada vez más crecida, se ha insistido especialmente en el papel intimidatorio de los piquetes informativos para desacreditar la huelga. La divina Esperanza se ha sumado a la campaña, instando a los ciudadanos a que subieran a internet "fotografías y vídeos" de actos "violentos de los piquetes". Ha acusado a los sindicalistas de "antipatriotas"; y que "estos sindicatos caerán como el muro de Berlín". Debería leer la sentencia del Tribunal Constitucional 7/2001, de 15 de enero, FJ 5, que determina "la relevancia constitucional de los sindicatos para la protección y defensa, incluso jurisdiccional, de los derechos e intereses de los trabajadores".

Ignoro cuántos trabajadores no han podido ejercer el derecho a trabajar por esa presión "asfixiante" de los piquetes, aunque pienso que su número ha tenido que ser escaso, visto el extraordinario despliegue de las fuerzas del orden público. Lo que sí es seguro es que han sido muchos menos que aquellos trabajadores que hubieran querido ir a la huelga --lo hemos visto en la gran participación en las manifestaciones-- y no han podido hacerlo por la presión de los empresarios. De esos piquetes no se habla. Otros no lo han hecho, por razones económicas, totalmente comprensibles con los sueldos de miseria actuales.

DESDE EL GOBIERNO, por medio de la ministra Fátima Báñez se ha indicado que están abiertos al diálogo hasta la extenuación, aunque "las partes troncales" de la reforma laboral "no se van a cambiar" porque son necesarias para volver al crecimiento económico y la creación de empleo. Aquí algo no encaja, están abiertos al diálogo, pero lo fundamental es intocable.

Para terminar quiero referirme a que determinados sectores de la iglesia católica se han sumado abiertamente a la convocatoria de huelga. En la tarde del 29-M, transitando por el barrio de Miralbueno de Zaragoza, me vi gratamente sorprendido al observar que en la parroquia de San Lamberto, en un lugar muy visible, aparecía el siguiente cartel: "Esta Parroquia se une a la Huelga General, en solidaridad con los trabajadores y en defensa de unas mejores condiciones laborales y en contra de la Reforma Laboral". Como complemento en otros murales muy claros y didácticos se explicaban las principales injusticias de la reforma. Esta postura va en la línea manifestada por la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y la JOC (Juventud Obrera Cristiana). Como también la expuesta en la carta pastoral del Obispo de Ciudad Real Antonio Algora, titulada A vueltas con la Reforma Laboral, que señala: "es una ley que rebaja claramente los derechos de los trabajadores respecto a situaciones anteriores, y lo peor es que llevamos muchos años ya de nuestra democracia donde siempre los perdedores en el concierto social, siempre, son los mismos y siempre los más débiles... Lo que se quiere hacer es establecer un "mercado de trabajo" en el que los empleadores hagan y deshagan a su antojo, olvidando que el "empleado" posible es, ante todo y sobre todo, "persona"- ¿De verdad no hay otras soluciones para crear puestos de trabajo?".

Para el teólogo José María Castillo, "el obispo Algora ha sido, en este caso, un decidido defensor del dogma católico. Porque ha sido un valiente defensor de aquello que el dogma católico tiene que llevar a todos los que se confiesan católicos: a ponerse decididamente de parte de los derechos, de la seguridad y de la dignidad de los que siempre se ven obligados a estar abajo en la sociedad y en la historia". Algo que no hace la Conferencia Episcopal, liderada por el cardenal Rouco Varela, el cual se desmarcó del documento de la HOAC y de la JOC. "Nuestra diócesis no se identifica con su contenido" y "considera improcedente su difusión" por lo que ordenó a los vicarios y arciprestes su desautorización "a la mayor brevedad posible".

Profesor de Instituto