Las residencias de mayores

Henry L. Mencken.

En fecha reciente hemos asistido al drama de la muerte de ocho personas en una residencia de mayores, que ha conmovido temporalmente a la opinión pública y que al parecer va a dar lugar a una inspección sobre la situación de las residencias para mayores en Zaragoza --situación que no debe ser muy diferente de la del resto del Estado--.

Como suele suceder en estas desgracias, no hay una única causa. Los sucesos que acaban en muertes, en muchos ámbitos, tienen que ver con un cúmulo de errores, de factores de riesgo no evaluados, de ineficacias y de prácticas inadecuadas, aunque se intente siempre situar la culpa en algún único lugar, a ser posible individual y poco conflictivo.

En el drama que nos ocupa hay, al menos, un grave descuido de la administración en su labor de control de las instituciones destinadas a mayores. Pero en este caso se buscaron también causas únicas y fáciles para explicar el suceso, que después fueron respetuosamente silenciadas, en aras a evitar la estigmatización que podía suponer el designar como causante a una persona con un trastorno mental. Silencio que no elude cuestiones de las que es importante tomar conciencia.

Es discriminación y estigma atribuir una desgracia multicausal a una ciudadana enferma. Pero la prensa de estos últimos días daba cuenta de algo más discriminatorio y estigmatizador: el hecho de ingresar a una persona con una enfermedad mental en una residencia de forma involuntaria --la garantía legal de la autorización judicial no implica que la persona se sienta menos limitada en su autonomía--, sin recibir la atención especializada que necesita, junto con 18 ancianos, varios de ellos con sujeciones, atendidos por una sola cuidadora, en un lugar sin licencia de apertura ni plan de evacuación.

Recibir la atención especializada que precisa no es, como también plantea en la prensa la defensa de la residencia, estar adecuadamente medicada, salida fácil en una sociedad en la que la medicalización se propone como la respuesta a tantos problemas. Es estar atendido por equipos técnicamente solventes capaces de ofrecer no solo medicación, sino una atención psicológica y rehabilitadora adaptada a sus necesidades. Es un hecho aceptado que la crisis económica ha vaciado las residencias, las pensiones de las personas mayores han vuelto a ser necesarias para mantener a la familia y las mujeres expulsadas del mercado laboral han vuelto a casa a cuidar de sus familiares.

LA SITUACIÓN ACTUAL de los geriátricos tiene que ver mucho más con la ley de la oferta y la demanda que con un proyecto ético y solidario de los lugares de atención a personas mayores; una solución simple, y seguramente equivocada, ha "resuelto" dos problemas, el de las empresas gestoras de residencias y el de colectivos diferentes a los mayores respecto a los que se han recortado prestaciones y posibilidades de vida en la comunidad, por lo que han aumentado las necesidades de institucionalización.

La norma que define el nuevo perfil de las residencias, antes destinadas específicamente a los mayores, las convierte en un cajón de sastre: pueden ingresarse en ellas discapacitados de todos los perfiles y edades, mujeres mayores de 60 años y/o víctimas de violencia, personas mayores de 60 años en situación de riesgo de exclusión social, y en general personas tuteladas por el Gobierno de Aragón. Imposible en esos centros, convertidos en nuevos asilos, el dar la atención adecuada a personas con problemáticas tan dispares.

Y esto afecta directamente a la atención en salud mental; muchos hemos dedicado una gran parte de nuestra vida profesional a reducir la necesidad de camas psiquiátricas, reformando la salud mental y promoviendo la integración de la personas con trastorno mental grave en la comunidad. Hemos trabajado desde la conciencia de que la institucionalización de las personas, sean o no enfermos mentales, es algo que estas personas generalmente no desean, y de que cuando se institucionaliza a los indefensos y los vulnerables, y la administración no ejerce una evaluación permanente y protectora, es fácil caer en el maltrato y el abandono, y eso es un riesgo que los ancianos y los enfermos mentales comparten. Con dolor tengo que recordar un estudio de 2010 que concluía --y temo que la situación no ha mejorado-- que un 23% de los ancianos estaban en las residencias con algún tipo de sujeción forzosa.

Hay que seguir reforzando las estructuras comunitarias, trabajar para que cada vez sean menos necesarias las camas psiquiátricas, pero de ninguna manera podemos desvirtuar o buscar atajos a esa delicada tarea. En el camino de construir una comunidad en que haya el menor número posible de personas dejadas definitivamente atrás, en el que todos los ciudadanos puedan acogerse a una normalización integradora y solidaria, evitemos que esta exclusión sea la del antiguo asilo, que alojaba y a la vez retiraba de la sociedad a todos los grupos marginales, y que creíamos ya superada en este siglo.

Psiquiatra. Miembro del comité ejecutivo de la World Association of Psychosocial Rehabilitation