La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi ha llevado a su terreno esta semana en las Cortes el debate sobre la realidad social y política de la comunidad ignorando deliberadamente el empeoramiento de los índices objetivos de bienestar social, de empleo y de calidad democrática. Afearle que ha dinamitado los pilares del sistema, como intentó la oposición, es una licencia propia de la dialéctica política pero excesiva desde un análisis más desapasionado. Ahora bien, en su mandato el modelo ha quedado seriamente dañado y necesitado de nuevos consensos para ser reparado.

La merma de ingresos públicos y la aplicación de políticas erráticas en parcelas sensibles como el empleo, la sanidad y los servicios sociales se han combinado para dibujar un panorama ciertamente peor del que se encontró en su toma de posesión en 2011. En empleo hay más parados, una buena parte de ellos sin subsidio, mientras que una mayoría de trabajadores en activo ha perdido sueldo, estabilidad, cotizaciones y posibilidades de negociación, ganando en temporalidad y en precariedad. En Sanidad, las listas de espera para operaciones en hospitales públicos han vuelto a registros casi olvidados, de manera proporcional a las críticas crecientes de los usuarios. En servicios sociales, los perceptores de ayudas de primera necesidad se han multiplicado exponencialmente, además de apreciarse una disminución preocupante del número de dependientes atendidos por sus familias. Son realidades que la propia presidenta intentó rebatir, sin demasiado éxito, en el debate de la comunidad que concluyó el viernes.

Y todo ello sin cumplir con los requisitos de consolidación fiscal impuestos por la Troika y por Hacienda, pues en estos tres años las cuentas autonómicas se han descuadrado aún más de lo que ya lo hicieron durante la legislatura 2007-2011. La deuda ha crecido el 82% y el desequilibrio entre ingresos y gastos se ha disparado en varios cientos de millones de euros por encima de lo autorizado por el ministro Montoro.Tampoco se ha mejorado en transparencia y buen gobierno, como se pone de manifiesto en el último indicador objetivo, emitido por la organización Transparencia Internacional España, que sitúa a Aragón por debajo de la media de las autonomías.

Rudi ha superado el debate de la comunidad más por oficio o templanza que por razones o argumentos. Si no se ha despegado ya demasiado de la realidad, será perfectamente consciente de que el balance de su gestión no es satisfactorio. Se ha pasado tres años analizando números e ignorando a las personas, como le reprochó con acierto el líder de la oposición, Javier Lambán. Y ciertamente, al final no le han salido las cuentas, por lo que defenderse con la excusa de que hubiera podido ser peor, no le exime del resultado final. Ni siquiera encontrará aval en la pretendida salida de la crisis invocada a todas horas por los cargos públicos del PP, caso de ser cierta. A los ciudadanos se les pidió que se ajustaran el cinturón, no que bajaran dos tallas, y una amplia mayoría ha asumido sacrificios de los que no podrá reponerse en el ciclo expansivo. La situación actual demuestra que salir de la recesión dista mucho de recuperar niveles económicos y de bienestar como los de hace diez años.

Más que enrocarse en una guerra de cifras desfavorable, la presidenta debería asumir el problema de cara y preparar unos presupuestos para el 2015 totalmente innovadores. Del mismo modo que se sacó de la manga cinco propuestas de regeneración democrática tan estimulantes como la reducción de aforados o las listas abiertas, habría de enfrentar la realidad como es, y ponerse de lado de quienes han sufrido el rigor de la austeridad, de los recortes y de todo lo demás. No todas las medidas comportan gasto o inversión, basta con crear condiciones para que los ciudadanos sientan de cerca lo que la Administración intenta hacer por ellos en épocas de escasez.

Con los datos económicos en la mano era imposible no hacer ajustes durante esta difícil legislatura, pero el Gobierno de Rudi ha carecido durante este tiempo de la sensibilidad de explicarlos con humildad. También se han echado de menos la audacia y el riesgo necesarios para tomar otras decisiones más difíciles pero más justas, como la gran reforma administrativa o la reorganización real del entramado de empresas públicas o participadas, medidas ambas tantas veces invocadas y siempre pendientes. Hay otras regiones que han demostrado que otras políticas son posibles, tanto en la gestión de los servicios públicos como en la igualdad o en la redistribución de la riqueza...

Los presupuestos del 2015, que el consejero Javier Campoy tendrá que llevar a las Cortes después del verano una vez conocido el techo de gasto impuesto por Madrid, pondrán de manifiesto si realmente el último año de legislatura servirá para enmendar parte de estas carencias o si por el contrario Rudi se mantiene en su posición determinista.