Las estadísticas presentadas por el Ministerio del Interior sobre los denominados delitos de odio, es decir aquellos consistentes en ataques contra cualquier persona por tener una determinada creencia, identidad sexual, origen étnico o estatus social, no dejan de crear inquietud en España, especialmente por el perfil cada vez más definido de las víctimas. Cuatro de cada diez agredidos durante el año pasado lo fueron por su orientación sexual, el 37% estuvo relacionado con cuestiones racistas o xenófobas, mientras que las mujeres y los menores continúan siendo los grupos de mayor riesgo. La detallada radiografía policial sirve para visualizar un tipo de criminalidad que a menudo permanece oculta por la desconfianza de la propia víctima, al considerar que la denuncia no servirá para nada. En este sentido, el loable objetivo de sensibilizar a la población deberá ir acompañado del máximo rigor en los protocolos policiales para que la acusación a los agresores llegue con todas las garantías ante el juez. El anuncio de más mano dura para quienes inciten al odio en las redes sociales es también un buen paso contra las nuevas y crecientes formas de esta lacra.
