Ya lleva un año y tres meses paralizado como macroproyecto gasístico, ahora oficialmente en "hibernación", pero el Castor evoluciona, al menos como caso judicial en los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaroz (Castellón) ha abierto diligencias previas que incluyen la declaración como imputados de 17 personas, además de la mercantil Escal UGS --en la persona de su representante legal--, por presunta prevaricación ambiental y delitos contra el medioambiente y los recursos naturales en la concesión de las licencias de explotación y en la puesta en marcha del proyecto. Entre los imputados figuran ocho miembros del consejo de administración de la empresa promotora y nueve técnicos, funcionarios y cargos de los ministerios de Industria y Medio Ambiente, entre ellos directores generales.
El juez dispone citar a declarar como imputados a cinco responsables del informe del Instituto Geológico y Minero emitido el 23 de enero del 2007 que validó la viabilidad técnica del proyecto Castor y propició la concesión de explotación aprobada por el Consejo de Ministros en mayo del 2008. También llama a los cinco responsables de la resolución dictada en junio del 2010 por la Dirección General de Política Energética y Minas que incluía la declaración de impacto ambiental avalada por Medio Ambiente.
Y es que el informe del Instituto Geológico y Minero que derivó en la concesión de explotación concluyó que "la estructura Castor se entiende apta para el almacenamiento de gas natural", sin referencias a la existencia de fallas activas en el entorno ni a la posibilidad de inducir seísmos, ni tampoco a la necesidad de realizar estudios de peligrosidad sísmica.
