El tratamiento de basuras es un negocio fácil y lucrativo en Rusia, un país donde el reciclaje de detritus simplemente no existe. Un camión vierte en Yádrovo entre 30 y 60 metros cúbicos de basuras. Los activistas calculan que diariamente entran en el polígono dos centenares de vehículos como ese portando residuos. Si esta cifra se multiplica por 45, que es la media de metros cúbicos que llegan a bordo de cada uno, y por 200 rublos, el precio que ingresa el polígono por la carga de cada vehículo, se obtiene la cifra de 1,8 millones rublos al día. Multiplicado por 365 días que tiene el año, los ingresos totales de Yádrovo equivalen a 657 millones de rublos, o lo que es lo mismo, 9,3 millones de euros anualmente.

El accionariado de la empresa se lo reparten, en un 25%, la administración local del distrito, y en un 75% accionistas privados, entre los que salen a relucir apellidos de algunas familias prominentes pertenecientes a la élite de la Rusia actual, como los Voloshin. Aleksándr Voloshin ocupó el cargo de presidente de la Administración presidencial durante los primeros años de la presidencia de Vladímir Putin.

Recientemente, el diario Védomosti informó de que OOO Charter, una empresa liderada por Ígor Chaika, el hijo menor del fiscal general del Estado, Yuri Chaika, había obtenido un jugosísimo contrato por valor de 34.900 millones de rublos, es decir, 471 millones de euros, para gestionar la basura en el área de Noginsk (este de la capital). Algunas investigaciones realizadas por el bloguero opositor Alekséi Navalni han lanzado graves acusaciones de corrupción contra Chaika padre.

Estas importantes ganancias dificultan las acciones que han emprendido las asociaciones de afectados ante la justicia rusa. El abogado Ilyá Lapkin defiende a los activistas de Volokolamsk y asegura que está dispuesto a luchar hasta el final. «Acudiremos a todas las instancias judiciales, y si no obtenemos respuesta a nuestras demandas, nos dirgiremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos», avisa.