Trece años después de recibir el premio Príncipe de Asturias gracias a su vacuna contra la malaria, el colombiano Manuel Elkin Patarroyo ha bajado otro peldaño en el lento pero sostenido proceso de desdoro que ha vivido desde entonces. A la relativa ineficacia de la vacuna y los problemas de financiación sufridos en los últimos años se suma ahora una acusación grave: la de traficar con monos desde la sede del Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC) que dirige en Leticia (sur del país).
Un artículo publicado en la edición de esta semana de la revista colombiana Cambio explica con detalle la situación. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia, ha recibido varias denuncias sobre "actuaciones irregulares" cometidas por el equipo de investigadores del centro científico donde Patarroyo, ahora, se esfuerza por poner a punto una metodología para la producción de vacunas. Las denuncias apuntan a que el propio científico colombiano promueve el tráfico de monos desde las selvas de Brasil y Perú. Tiene permiso para capturarlos en la Amazonia colombiana, pero allí resulta difícil encontrarlos en la cantidad necesaria para abastecer la investigación.
DESAVENENCIAS INTERNAS "Debemos llevar los animales a Leticia de madrugada, escondidos, para no dejarnos ver de las autoridades, porque si nos cogen nos dan tres años de cárcel. El doctor Patarroyo nos ha dicho que tengamos cuidado con eso, y que si nos coge la ley digamos que los animales los capturamos del lado colombiano", declaró un indio peruano en un caserío situado a 30 kilómetros de Leticia.
Corpoamazonia optó por abrir una investigación, pero eso no le impidió renovar el permiso del FIDIC para capturar monos (del lado colombiano). Las dos especies que Patarroyo emplea en sus investigaciones son el Aotus nancymae y el Aotus vociferans, y la revista colombiana afirma haber hallado pruebas "irrefutables" de que decenas de ejemplares han cruzado la frontera colombiana sin los permisos de los gobiernos peruano y brasileño. "El doctor Patarroyo paga bien por cada mico", dijo otro proveedor de monos. La ley colombiana castiga el tráfico de especies con hasta cinco años de prisión.
El caso es que Patarroyo ha tenido problemas incluso con sus colaboradores más cercanos. Uno de ellos, la médica veterinaria Lina María Pelá-ez, no solo dimitió de su trabajo en Leticia, sino que escribió una carta de renuncia repleta de acusaciones. "A estos primates no se les ha hecho un estudio de dinámica poblacional. Tampoco se ha realizado un programa de reproducción, que sería lo más normal en una explotación como esta". Cambio dice tener pruebas de que los monos son maltratados.
DE VIAJE Peláez asegura que Corpoamazonia le renovó la licencia por sus influencias políticas. A la espera de que Patarroyo dé su versión --estaba de viaje y la revista no pudo hablar con él--, el artículo ha encendido el debate entre los defensores a ultranza del científico y aquellos que ya han perdido la fe.
