Guerra a la homeopatía, fin de los recortes y mayor atención a las familias. Estos son las prioridades que marcó ayer Carmen Montón en su hoja de ruta. La nueva ministra de Sanidad, médico de profesión, dejó claro ante el Congreso que considera que la «homeopatía no cura» y por eso avanzó que dará la batalla contra estos productos, rechazados por la comunidad científica. Para empezar, instará a la Comisión Europea a que modifique la directiva que cataloga estos productos como medicamentos y, aunque no lo mencionó, es previsible que quede guarde en un cajón la directriz que su antecesora dio a la industria para que pase un control de calidad, con el fin incluir en la categoría de fármacos «sin indicaciones terapéuticas» a los productos que lo superen.

En el capítulo de medicamentos, la ministra anunció que apostará por los genéricos, las compras centralizadas y que, progresivamente, acabará con los copagos, empezando por los de los pensionistas con mayor vulnerabilidad. No puso fecha a este compromiso, con el argumento de que el presupuesto actual fue el diseñado por el PP y porque quiere acordar la medida con las autonomías. Por contra aseguró que en breve verá la luz el decreto que devolverá la sanidad a los inmigrantes irregulares.

Asimismo, en el capítulo de «recuperación de derechos», el Gobierno volverá a cotizar por las cuidadoras no profesionales de familiares dependientes, en torno a 180.000 personas, en su mayoría mujeres, en el último trimestre del año. En este terreno, prometió incrementar la financiación de la dependencia, ámbito en el que 300.000 personas esperan recibir ayudas.

La ministra puso también el foco en las familias, a las que se comprometió ayudar con beneficios fiscales, medidas de protección y nuevos servicios sociales. El año próximo se aprobará una estrategia de apoyo a las más vulnerables y un “calendario de vacunas común a lo largo de toda la vida”, tras los vaivenes que ha habido en los últimos años. Por último, se aprobará un reglamento de adopción internacional con el fin de racionalizar el número de expedientes y que en España haya un listado único de familias demandantes.

Y, en el marco de la infancia, comprometió llevar a las Cortes a primeros del 2019 la ley contra la violencia en la infancia, que las oenegés llevan años demandando.

Por otro lado, garantizó que el año próximo se aprobará el primer plan nacional para la prevención del suicidio, con el fin de evitar la principal causa de muerte prevenible y el tabú y el estigma que acompaña a los llamados supervivientes, el entorno de las personas que intentan o logran acabar con su vida.

Anunció un proyecto de ley para satisfacer las demandas de los afectados por la talidomida.