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El deterioro del Estado del bienestar

Alquileres con trampa

El 43,3% de los arrendatarios españoles destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler mensual H En Aragón hubo 796 desahucios por arrendamiento en los 9 primeros meses del 2017

 

Desahuciada 8 María Ángeles Oeo, de Madrid, tiene dos hijos, el mayor, de 16 años, tiene una discapacidad. - JOSÉ LUIS ROCA

M. VILASERÓ
28/01/2018

Una ecuación diabólica que resume por qué el acceso a la vivienda se está convirtiendo en uno de los factores clave del aumento de la desigualdad social en España: mientras los salarios de la gran mayoría permanecen estancados tras años de caída libre, el precio de la vivienda, sobre todo la de alquiler, se dispara, generando una nueva burbuja. El año pasado creció un 18%, según el portal Idealista, y ya supera las cifras anteriores a la burbuja inmobiliaria precrisis.

En ese sentido, Eurostat proporcionaba el pasado junio una comparación reveladora. España es uno de los cuatro países de la UE, junto a Rumanía, Estonia y Grecia, donde se supera el llamado índice de sobreesfuerzo 40/40 para los inquilinos. El 43,3% de los arrendatarios españoles destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, cuando la media europea es del 27%.

La subida de los precios de alquiler no es tan pronunciado en Aragón como en el resto del país. En la comunidad, los alquileres subieron un 5,9%, un 6,8 en la capital aragonesa. No obstante, que estas cifras sean más tenues en territorio aragonés no exime de las preocupaciones que sufren muchas personas a la hora de encontrar un piso de alquiler o para poder mantenerlo. En ese sentido, un hecho que pone de manifiesto los problemas en el sector es la falta de oferta en viviendas de alquiler de precio medio –entre 500 y 800 euros– en la capital aragonesa.

Al respecto, uno de los datos que más llaman la atención es el aumento de lanzamientos por arrendamientos en Aragón. «No solo no han bajado los desahucios por alquiler, sino que han subido un poco. Si los comparamos con los tres primeros trimestres del 2016, cuando hubo 696, en el 2017 fueron 796, cien más exactamente», detalla la miembro de Stop Desahucios Concha Cano, a partir de los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según este organismo, de los 1.362 desahucios llevados a cabo en Aragón en ese periodo, casi un 60%, son casos de arrendamientos. Para Cano, ha habido «un giro importante de los desahucios hipotecarios a los de alquileres» y «se vive una situación de «burbuja» en los arrendamientos. Al respecto, concluye que alquilar «cada vez es más caro y los sueldos están estancados».

Tras la frialdad de las cifras se esconden dramas humanos como el de María Ángeles Oeo, a quien el fondo buitre Blackstone echó a la calle pese a tener a su cuidado a dos hijos, el mayor de los cuales, de 16 años, sufre una minusvalía del 40%. María Ángeles vivía en Vallecas, en una de las 1.800 viviendas sociales que la anterior alcaldesa vendió a los inversores estadounidenses, pero desde el lunes está realojada provisionalmente en un hostal por los servicios sociales del ayuntamiento.

Un drama que también se da en Aragón, como en el caso de la familia formada por M. T., de 25 años, A. B., de 27, y su hija de seis meses. En poco tiempo, pasaron de tener un empleo a encontrarse sin trabajo mientras M.T. estaba embarazada. Aunque a lo largo de 4 meses cobraron un subsidio de unos 400 euros, este dinero «llegaba para comer y poco más».

Así, pasaron a estar unos siete meses sin ingresos de ningún tipo. «Intentamos de todo pero no salía nada», explica M. T. En esa tesitura, el dueño de la vivienda les amenazó con el desahucio si no pagaban el alquiler. Por si fuera poco, un error de la administración les denegó el acceso a una vivienda social y se encontraron con un aviso de desahucio para noviembre. «Nos quedábamos sin tiempo», subraya. Fue cuando acudieron a Stop Desahucios, donde les prestaron asesoramiento y apoyo.

Un recurso que presentaron permitió aplazar el lanzamiento hasta febrero. «Lo hemos pasado muy mal», afirma sobre este proceso por el que llegaron a sufrir ansiedad y depresión. «No dormíamos. Es una situación muy difícil», enfatiza. Afortunadamente, después de cerca de un año de papeleo, hace unas semanas les confirmaron el acceso a una vivienda social, aunque no saben ni cuándo será ni en qué lugar. Mientras tanto, esperan.