La lucha contra la corrupción política no se dirime solo en el plano judicial. Los propios afectados por el descrédito de las prácticas delictivas que llenan los medios de comunicación tratan de poner freno a su multiplicación. En las Cortes de Aragón se aprobó ayer una ley de integridad y ética pública que busca «implicar al conjunto de las instituciones» en combatir y prevenir las prácticas de «corrupción, clientelismo o despilfarro».
El texto legislativo se aprobó con los votos de PSOE, Podemos, CHA e IU. Los diputados del centro derecha, críticos con algunas de las secciones de la norma, únicamente apoyaron algunos de los puntos.
Las novedades que presenta esta nueva ley tienen que ver sobre todo con el estrecho control de la actividad política y la transparencia en su relación con los poderes económicos. Entre otras disposiciones la norma contempla la creación de una agencia de integridad y ética pública, aún por definir con precisión y que dependerá de las Cortes de Aragón. También se controlarán los grupos de presión y se facilitará la denuncia de las prácticas irregulares por parte de los empleados públicos.
El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, destacó que la corrupción política aparece por la «imperfección de las administraciones» y expandiendo sus tentáculos «de forma radial». Además indicó que el texto también incide en la educación «como garantía de consolidación de unos valores esenciales en la vida ciudadana». Por este motivo consideró que las aulas tienen que jugar un papel fundamental «como pared preventiva».
El consejero recordó que la norma se impulsó «desde el comienzo de la legislatura» en virtud de los acuerdos de investidura firmados con Podemos, IU y CHA. «Queremos ser la vanguardia del tratamiento de la corrupción como problema integral».
El texto aprobado ayer afecta de forma directa a los miembros del Gobierno de Aragón, a los altos cargos del Ejecutivo y de las empresas públicas, a los delegados territoriales, a los miembros de las entidades mercantiles, a los directores y gerentes de las fundaciones y consorcios, a los directores y jefes de gabinete, a los diputados de las Cortes de Aragón, a los miembros de las cámaras de cuentas, al Justicia y sus asesores, a los miembros del Consejo Consultivo y a las personas y entidades que desempeñen la actividad de grupos de presión.
La agencia de la integridad pública será el actor principal de esta legislación. Tendrá «amplias potestades» para actuar contra el fraude y la corrupción. La previsión es que sea un ente comisionado de las Cortes de Aragón, aunque con plena autonomía organizativa y una estructura ligera. Posiblemente se articule a través de una comisión parlamentaria. Este es el mayor punto de fricción política pues algunos partidos temen que este organismo pueda actuar como una «policía paralela».
Para la regulación de los grupos de presión, algo en lo que la comunidad será pionera, se creará un registro detallado en el que estarán obligados a cumplir con un código ético y a dar cuenta de sus relaciones con las administraciones.
Además se ofrecerá mayor protección jurídica a aquellos empleados públicos que «de buena fe» comuniquen y denuncien cualquier tipo de irregularidad. Para los altos cargos se exigirá «el uso razonado y austero» de los servicios y el rechazo de regalos, favores o prevendas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones.
