En el caso de que el Gobierno hubiera elaborado un Real Decreto-Ley que modificara la prórroga presupuestaria, habría sido posible la convocatoria de oposiciones. Sin embargo, la intención del Ministerio de Hacienda es evitar cualquier modificación a la prórroga de los presupuestos, que entró en vigor de forma automática el 1 de enero, según lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución Española.

Esta prórroga afecta únicamente a la Seguridad Social y a la ley de presupuestos --donde se sitúan las tasas de reposición de empleo público--, no al estado de gastos, ya que el Congreso sí aprobó el techo de gasto y las previsiones económicas para el 2017. Se separa de la prórroga del presupuesto «por ser una planificación fiscal», indicaron fuentes de Hacienda. Esto favorece que el impacto que produce la prórroga presupuestaria sobre las comunidades autónomas sea menor, y se puedan ejecutar determinadas inversiones siempre que estuvieran previstas en el 2016.

En cualquier caso, dada la baja ejecución presupuestaria del año pasado y los escasos niveles de obra pública prevista, el impacto sobre las comunidades será mínimo, y en teoría no tendrían por qué paralizarse --como se teme la patronal de la construcción-- ninguno de los proyectos en marcha. Eso sí, tampoco se actualiza ninguna partida ni se da prioridad a ningún proyecto que pudiera requerir para este año una mayor dotación presupuestaria. En el 2016 se llegaron a ahorrar

El principal problema que supone una prórroga para las comunidades es en las transferencias a cuenta que reciben del Estado en concepto de la financiación autonómica según los parámetros fijados en el último modelo, del 2009 y en función de los datos del 2016. Idéntica situación ocurre con las transferencias a las entidades locales. En las entregas a cuenta, se considerarán los mismos créditos que se recogen en el estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado en 2016 y los importes que se han satisfecho con cargo al estado de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 por la cesión de impuestos estatales. Cuando se aprueben los presupuestos del año 2017, se regularizarían las cuantías percibidas por las entidades locales. Desde el ministerio, el 14 de febrero dio la orden para empezar las obras.