Las tres viviendas situadas en el interior de las instalaciones de los colegios zaragozanos Fernando el Católico, José María Mir y La Jota, que han sido cedidas a los propios centros educativos, deben acondicionarse para pasar a albergar salas de reuniones, almacenes o cualquier otro uso educativo. Y las intervenciones necesarias para ello tienen que ser asumidas por los propios centros o, en su caso, por el Departamento de Educación del Gobierno aragonés. "Dichas actuaciones deberán contar con la expresa autorización previa del ayuntamiento, sin perjuicio de los permisos y licencias que sean exigibles, conforme a la normativa urbanística y sectorial", expone el informe firmado por el coordinador general del área de Derechos Sociales, Nacho Celaya.

En su escrito también explica que "las obras o actuaciones quedarán al finalizar la cesión de uso, en beneficio de inmueble, sin derecho a ningún tipo de indemnización o compensación económica por su realización". De manera que aclara que el coste correrá por cuenta de la DGA y no podrá reclamar su devolución en el futuro.