Sorpresa en el Gobierno de Aragón ante el anuncio del ministerio con las líneas maestras del plan de Vivienda 2018-2012. Y sorpresa doble por dos motivos: por no haberse informado previamente a las comunidades autónomas del contenido del documento y porque se da la circunstancia de que los convenios con Aragón están prorrogados pero sin firmarse, lo que en la práctica se traduce en la imposibilidad de gestionar partidas millonarias y aplicar las políticas de vivienda previstas para este año.

Ante estas circunstancia, la directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón, Mayte Andreu, mostró su cautela a la hora de valorarla. «Me parece sorprendente que desde la sectorial del 15 de diciembre no hayamos tenido noticias y ahora nos enteremos por los medios de este anuncio a bombo y platillo. Por lo que he podido ver, hay aspectos que se corresponden con las peticiones realizadas por las comunidades autónomas. Otros tendrán que ser estudiados con detalle y debatirse en profundidad y hay otros que directamente me generan dudas», señaló Andreu, responsable de las políticas de Vivienda, que gestiona CHA en el Ejecutivo autonómico.

«A priori, el plan no pretende volver a la etapa de burbuja inmobiliaria que ya sabemos a dónde nos condujo --indica Andreu-- pero habrá que conocer con más detalle qué tipo de ayudas se conceden a las promotoras privadas para construir, y también cómo se conceden las ayudas de alquiler y si luego estas en cinco años pueden tornarse en propiedad. Nos parece muy bien que se concedan ayudas a jóvenes y mayores de 65 años, pero no entendemos que se excluya a otros sectores vulnerables».

artículo recurrido / Andreu, en cambio, sí se muestra «auténticamente sorprendida» por una novedad en el plan del ministerio el ministerio y que se incluía en la ley autonómica que fue recurrida al Constitucional por el Estado. Concretamente, la posibilidad de emplear pisos en alquiler de la SAREB y las entidades bancarias para personas desahuciadas. «A mí me parece muy bien que se incluya, porque además nos da la razón, pero es ilógico cuando a nosotros nos han recurrido precisamente el mismo artículo. No tiene sentido».

Otra de las cuestiones que ve con recelo del plan es que «el Estado vuelve a olvidarse del medio rural y vuelve a legislar únicamente para las grandes ciudades». Este lamento es, concretamente, por las ayudas a la rehabilitación, donde Andreu echa en falta planes para el medio rural. Y no solo para primeras viviendas, sino también para rehabilitar segundas residencias «que fijan población muchos fines de semana y muchos periodos vacacionales y está demostrado que eso genera empleo en muchos de nuestros pueblos», señaló la dirigente nacionalista.

PLAnes parados / Pero a Andreu, que ha solicitado una entrevista con el recién nombrado director de Vivienda del ministerio, lo que más malestar le crea es que continúe la prórroga del plan anterior, lo que ata de pies y manos al Ejecutivo autonómico para aplicar sus políticas, al no contar con la financiación presupuestada. Son, en concreto, 17 millones de euros que no se pueden gastar hasta que no se firme el convenio de prórroga.

«No entendemos el retraso del ministerio, solo se puede entender en el caso de que quiera ahorrarse este dinero y dejarlo sin ejecutar, puesto que si tardamos mucho más tiempo en firmarlo, no vamos a tener tiempo real para poder invertirlo en los municipios aragoneses», se lamentó Andreu.

En cualquier caso, la responsable de Vivienda en la DGA aseguró que espera que el ministerio les convoque o les envíe pronto el documento con todos los detalles para poder establecer una valoración más concreta, ya que las autonomías son las que aplican las políticas de vivienda.