La investigación judicial sobre el cobro irregular de dietas en Sarga llegó ayer, una vez más, al pleno de las Cortes de Aragón. El líder de Podemos en la comunidad, Pablo Echenique, reclamó una comisión de investigación que analice todo lo sucedido en la empresa pública. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quiso desligar la actual gestora de cualquier sospecha anterior y anunció que los servicios jurídicos todavía no han decidido su presencia en el proceso. Las opciones serían entrar en la causa como acusación o como perjudicado.
Echenique puso en duda en la tribuna la versión oficial que se hace sobre la gestión de una empresa que tuvo un volumen de negocio de 70 millones de euros en el 2015 (casi todo contratos con la Administración pública) y recordó que a través de denuncias e investigaciones «se puede hacer un relato menos confesable». También lamentó que no se esté haciendo lo suficiente para poner freno a las distintas polémicas que envuelven al organismo resultante de la fusión de Sirasa y Sodemasa.
El Gobierno de Aragón insiste en que fue la nueva dirección de Sarga la que despidió en un proceso disciplinario a los tres empleados que ahora tendrán que declarar ante la Justicia. «Ha sido la actuación de un gerente nombrado por este Gobierno el que ha permitido la investigación», destacó.
También defendió que no se ha producido ninguna «dejación de funciones o falta de diligencia» en la defensa de los intereses de la comunidad. Además, rechazó que se tenga que abrir una causa política con el caso. Según indicó, la investigación judicial considera que los culpables de la malversación son los tres trabajadores expedientados, a los que por el momento no se les ha acreditado ninguna adscripción política. En este sentido quiso precisar que la labor del actual consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, no tiene que ver con las cuestiones tratadas.
Cámara de cuentas
Echenique destacó que es necesaria una investigación independiente en la Cámara de Cuentas y también que se ponga en marcha una comisión de investigación en cuanto se adelante el proceso judicial, para no interferir. «En cuanto empecemos a tener claro qué ha pasado, no perderemos ni un día en indagar las responsabilidades políticas del asunto», aseveró. También defendió la inclusión de una partida en el presupuesto del año que viene para una auditoría funcional externa del organismo para conocer cómo se ha gastado.
El portavoz del Partido Popular, Roberto Bermúdez de Castro, señaló que en su grupo tienen «la conciencia tranquila», aunque consideró precipitado reclamar responsabilidades políticas cuando el caso todavía está en manos del juez. Igualmente indicó que cuando llegue su hora no estará en contra de auditar «céntimo a céntimo» los gastado en Sarga en el periodo en el que tenían responsabilidades de Gobierno, siendo el anterior consejero de Agricultura, Modesto Lobón.
La diputada del PAR, Lucía Guillén, reclamó concreción en las acusaciones sobre la supuesta función de Sarga como agencia de colocación de su partido. «El que tenga pruebas de contratación a través de la militancia que acuda a los tribunales», dijo.
Susana Gaspar, de Ciudadanos, criticó que en el pleno «se alimente el fantasma» sobre la actuación en Sarga sin que se concrete nada, restando importancia a la investigación judicial iniciada tras la denuncia del sindicato CCOO.
La diputada de Izquierda Unida, Patricia Luquin, evidenció el descontrol que en años anteriores se vivió en la gestión de Sarga, algo que ha quedado probado en cierto modo por la investigación judicial.
