El largo proceso judicial abierto en la CAI se cierra sin culpables. El multimillonario agujero económico que sufrió la entidad como consecuencia de una arriesga gestión durante los años de la burbuja inmobiliaria se salda, por ahora, sin responsabilidades penales tras fracasar la querella presentada que la propia caja contra algunos exdirectivos y a pesar del empeño de alguna organización sindical, que sigue apreciando posibles irregularidades.
El caso arranca en octubre del 2012 cuando la entidad decide presentar una querella contra Tomás García Montes, quien había estado al frente de la caja aragonesa entre en los años 2005 y 2009, al que acusaba de los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal. También iba dirigida contra el que fuera responsable de CAI Inmuebles para la zona centro y sur de España, Javier Alfaro, y contra el abogado y socio inmobiliario de la entidad Ramón Marrero. La denuncia ponía el foco en tres cuestiones: un viaje privado a Egipto pagado por la entidad, la compra de dos pisos promovidos por la caja de ahorros con una rebaja del 50% y un pacto presuntamente venjosos para Marrero para llevar a cabo una reestructuración societaria.
Pocos meses después, en enero del 2013, el Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza admitido a trámite la denuncia, abrió diligencias previas y llamó a los exdirectivos señalados a declarar como testigos. En junio de ese año, los tres acaban siendo imputados.
El enfrentamiento entre la CAI y García Montes comenzó cuando éste puso una reclamación en marzo del 2011 por el impago de la indemnización que le correspondía por contrato tras dejar su puesto como director general. La caja tuvo que provisionar 4,2 millones de euros para abonar la extinción del contrato laboral de este alto directivo, que sigue percibiendo actualmente una renta vitalicia de 15.000 euros al mes.
Un juicio con 30 testigos
La controvertida gestión y caída de la CAI llevó a las Cortes de Aragón a impulsar una comisión de investigación en el 2014 que analizó el devenir de la entidad desde el año 2000. Los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad unas conclusiones que pusieron de manifiesto deficiencias y escasa prudencia en su administración, pero sin fijar ninguna responsabilidad política en el control público de la caja.
En septiembre del 2014, más de un año desde la imputación, el ministerio fiscal reactivó el caso al dar vía libre a nuevas investigaciones. En diciembre del 2015, el juzgado que lo instruía ordenó la apertura del juicio oral al concluir que existen indicios de delito. Poco tiempo después, en mayo del 2016, la Audiencia Provincial de Zaragoza asumió la causa, lo que llevó a Garcia Montes y el resto a sentarse en el banquillo en un juicio que se celebró en octubre y que contó con una treintena de testigos.
La esperada sentencia llegó en mayo del 2017, con una condena de cuatro años de prisión que acabando anulando el Tribunal Supremo.
