El paquete de recortes más severo de la democracia que anunció ayer el presidente del Gobierno tuvo una repercusión directa en Aragón, donde la conmoción se apoderó de la mayoría de partidos políticos, sindicatos --que se van a movilizar-- y ciudadanos. Con las excepciones del PP aragonés --que justificó como pudo los recortes, la CREA y el Gobierno autonómico, la indignación creció a lo largo del día, a la vez que se incrementó también la incertidumbre sobre los efectos que tendrá sobre la economía aragonesa y la efectividad de estas medidas, dictadas supuestamente para reactivar la economía, a pesar de que sea discutible.
El Ejecutivo aragonés no se atrevió a cuantificar qué repercusión pueden tener en la comunidad medidas como el aumento de los tramos de IVA, la supresión de una paga extra a los funcionarios o la subida de determinados impuestos. No será hasta el viernes, cuando se conozca al detalle los decretos que posteriormente sancionará el Rey, cuando puedan tener datos más precisos sobre el impacto de los recortes.
SIN CONSULTAR El Gobierno no ha consultado con las comunidades autónomas ninguna de estas medidas, muchas de las cuales dependen en gran parte de ellas. Aunque algunas ya han mostrado su rechazo o sus dudas a los planes de Rajoy. No parece el caso de Aragón. El consejero de Economía, Francisco Bono, justificó escuetamente los recortes, como única forma de generar crecimiento. La diputada del PP, Yolanda Vallés, encargada ayer de dar la cara ante los medios tras el anuncio del Gobierno, consideró que los recortes son "necesarios y adecuados" para un momento como el actual. "La crisis lo exige. España debe cumplir con sus compromisos de deuda y es preciso el esfuerzo de todos", dijo. Justificó el viraje de Rajoy respecto a lo que anunciaba en su programa electoral por la coyuntura económica. "No queda otra que acomodarte a las circunstancias de la realidad". Octavio López justificó en Teruel las medidas contra el funcionariado porque son "demandadas por los ciudadanos", informa Francisco Montero, ya que la crisis y las decisiones tomadas previamente han castigado a todos y sobre todo a las clases medias.
LA OPOSICIÓN Pese a las excusas de los populares, la oposición no hizo ningún tipo de concesión, a la hora de criticar las medidas. "Desde que el PP está en el Gobierno están aumentando las desigualdades, son injustos porque se ensañan con los débiles al castigar a las clases más desfavorecidas", indicó el secretario general del PSOE, Javier Lambán. Este consideró "lamentable" que el PP pida "en la situación actual de dura crisis otro esfuerzo a los ciudadanos", quienes "viven peor desde que Rajoy llegó a la presidencia del Gobierno".
El presidente de CHA, José Luis Soro, las tildó de "puñalada trapera a los más débiles de la sociedad". "No entendemos por qué se toman estas decisiones, que son ante todo ajustas. Cada vez seremos más pobres y habrá más paro", pronosticó.
La portavoz adjunta del grupo parlamentario de IU en las Cortes, Patricia Luquin, afirmó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció "el mayor destrozo del estado del bienestar de la historia de este país". Estas medidas son "indecentes e inmorales, ya que nos dejan a la inmensa mayoría a los pies de los caballos, y todo para salvar a los bancos y defraudadores de guante blanco", denunció.
Para el PAR, los recortes son "inaceptables". Así de contundente fue el diputado autonómico y responsable sectorial en Hacienda, Antonio Ruspira. "No estamos de acuerdo. Sus efectos pueden ser muy negativos", lamentó Ruspira, quien añadió que se castiga a los más débiles.
Función pública: 104.000 trabajadores un 25% más pobres
Aragón supera los cien mil funcionarios entre las distintas administraciones públicas con representación en la comunidad. De ellos, 45.000 son empleados autonómicos. Todos ellos han sufrido en los dos últimos años despidos y recortes salariales que han supuesto una pérdida aproximada de poder adquisitivo de entre un 15% y un 25% en apenas dos años. La indignación en la función pública era patente ayer, a través de sus representantes sindicales. Se consideran los paganos de la crisis y lamentan que haya una tendencia demagógica por parte del Gobierno de responsabilizarlos de gran parte de los problemas de la crisis. Las movilizaciones son inminentes.
Julio Moreno, representante de CCOO en la Función Pública fue ayer tajante: "Es una más. No solo es injusto e inútil, sino que supone la puntilla definitiva, contribuye al empobrecimiento general de la población mientras se continúa respaldando al oligopolio financiera bajo cuya dictadura estamos sometidos".
Desde UGT, Daniel Alastuey, calificó las medidas anunciadas por Rajoy de "negativas, contraproducentes y brutales". Las movilizaciones, que serán "mayores que nunca", escenificarán en la calle el malestar que existe entre los funcionarios. "Este recorte tendrá su repercusión en el poder adquisitivo de los trabajadores públicos y también en el consumo, lo que será negativo para la economía", lamentó.
El representante de CSIF, Pablo Asín, mostró su "rechazo total" a los ajustes. Y denunció que se está utilizando a los funcionarios como "paganos" de la crisis. Quitar la paga de Navidad "es el recurso fácil para los políticos que no tienen ideas". "Estamos indignados porque este Gobierno, sin negociar con nosotros, quiere que la ciudadanía nos señale con el dedo".
Subida del IVA: una decisión que no estimulará el consumo
El aumento de los tipos de IVA no sentó ayer nada bien se preguntase a quien se preguntase. Desde asociaciones de consumidores a organizaciones empresariales, hubo coincidencia casi generalizada en tildar de "negativa" uno de los recortes estrella del Gobierno. "En un momento en el que se anuncian bajadas generales de percepciones para los parados y de sueldos para los funcionarios, y en el que las empresas tienen los salarios congelados, plantear un aumento del IVA es esquizofrénico", apuntó el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Oliván. En esa línea se expresó también la responsable de la Asociación de Consumidores Torre Ramona, Olvido Blasco, para quien la ecuación es muy simple: "Si sube el IVA, baja el consumo y los comercios no pueden mantener los empleos". La Organización de Consumidores y Usuarios cifró en unos 415 euros anuales el coste por familia del incremento de este impuesto. El presidente de ECOS, José Antonio Pueyo, que recordó la puntilla que para el pequeño comercio supone ya la liberalización de horarios, vaticinó que el aumento "generará más desempleo y más recesión". Los restaurantes "van a tener que asumir, a costa de sus beneficios, los dos puntos de incremento--del 8 al 10%-- , porque no los van a trasladar al precio de un café", aseguraron ayer fuentes del sector.
El descontento también se dejó sentir en la sede de Cepyme-Aragón, cuyo presidente, Aurelio López de Hita declaró a Europa Press que los ciudadanos se ven como "los paganos de una situación económica a la que no han contribuido". La Confederación de Empresarios de Aragón rebajó este tono crítico, porque, aunque también calificó la subida como una "noticia negativa", recordó que "hasta ahora los tipos de IVA eran inferiores al resto de Europa y la actual situación de emergencia económica exige sacrificios de todos".
Las cámaras de comercio, en cambio, pronosticaron una "incidencia positiva sobre la actividad empresarial y la creación de empleo en el medio y el largo plazo". Los partidos políticos también coincidieron en apreciar que es una iniciativa que ha negado varias veces el Gobierno y que además retraerá todavía más el consumo en una población especialmente castigada.
Desempleados: desde que gobierna el PP 13.000 parados más
El PP llegó a la campaña electoral de mayo con la pátina de que era capaz de generar empleo, pero la práctica demuestra que en un año hay en Aragón 13.000 parados más, no ha habido políticas para estimular la creación de puestos de trabajo (y las que ha habido no han servido para nada) y las empresas cada día continúan aplicando despidos, alentados por una reforma laboral que merma los derechos de los trabajadores. Los cálculos estiman que con esta reforma, este año habrá otros 6.000 parados más en Aragón. 134.000 en total. El secretario general del PSOE, Javier Lambán criticó el recorte de la cuantía de la prestación por desempleo a partir del sexto mes para los nuevos perceptores "porque castigan a los que más sufren la crisis que son los desempleados, en vez de incrementar las políticas activas de empleo y generadoras de trabajo". También fue muy duro el diputado autonómico del PAR, Antonio Ruspira, para quien "se castiga a la línea más débil de la sociedad" a la vez que lamentó "que no se estimule la creación de empleo y se tomen decisiones sin ningún consenso social y político".
Patricia Luquin (IU) lamentó que Rajoy "esté penalizando a las personas que se encuentran en el paro" con el recorte de la prestación por desempleo a partir del sexto mes y además apueste por aplicar una tijeretazo en sanidad y educación. "Estas medidas se han aplicado en Grecia" con el resultado conocido. "Nos están condenando a una generación a un retroceso sin precedentes en lo que era el estado del medio Bienestar de este país". José Luis Soro (CHA) mostró también su rechazo a la reducción de las prestaciones. "Se están cebando con los más débiles de la sociedad, mientras se premia a los verdaderos causantes de esta crisis económica".
Administración local: ¿Se eliminarán 1.035 concejales?
Aragón tiene 4.359 concejales en sus 731 municipios. La gran mayoría, servidores públicos que trabajan desinteresadamente por el desarrollo de sus localidades. Si se recorta en la próxima legislatura el 30% de puestos públicos, serían 1.305 los ediles que desaparecerían. Una medida bien vista por un amplio sector social que aplaude una iniciativa que además de tener tintes demagógicos, fomenta el bipartidismo. Así lo ve, entre otros, Antonio Ruspira (PAR), quien denunció un recorte "que no abarata nada y que va en contra de las peculiaridades de comunidades autónomas tan despobladas como la nuestra".
Lambán (PSOE), afirmó que "suprimir estos concejales supondría la desmovilización de miles de voluntarios que trabajan gratis por sus pueblos evitando en muchos casos su desaparición".
Soro (CHA) denunció que la reducción del 30% de los concejales es "contraria al pluralismo". "Lo que se quiere es reforzar el bipartidismo y contribuir a la demagogia porque la mayoría de ediles no cobran ni un euro. Además, la medida atenta contra la autonomía local".
En la misma línea, Luquin (IU) lamentó que la medida afecta más a los partidos pequeños y a los municipios con menos habitantes. "La mayoría de esa gente no gana un duro y, por lo tanto, estamos recortando en democracia", lamentó. "Esto va a tener una contestación social en la calle".
El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné (PP), abogó por esperar para ver si "ese 30% se aplica linealmente o por tramos de población". Boné apuntó, sin embargo, que "si la medida busca ahorrar dinero, no tiene mucho sentido porque la mayoría los concejales no cobra en sus ayuntamientos". El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch no consideró la medida "importante", porque, aunque supondrá más trabajo, la diferencia no es sustancial".
Sin ayuda a la vivienda: una medida que no convence a nadie
Durante mayo de este año, en Aragón se compraron solo 694 viviendas. Un pobre guarismo que va en línea con el resto del país, en donde la caída interanual alcanza el 11,6%. De ahí que el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Aragón, José Luis Roca, crea que la eliminación de la deducción por vivienda resulte "inocua". "Hay que ver realmente cómo aprueban el decreto", dijo ayer, en referencia a si se mantienen o no las desgravaciones a quienes presenten rentas inferiores a 24.000 o 17.000 euros. "En circunstancias normales --afirmó Roca--, ese tipo de desgravaciones ayudaba a la compra-venta. Pero en la situación actual no ha supuesto un incentivo, como tampoco lo fue la reducción del tipo de IVA al 4%".
Desde la Asociación Aicar-Adicae, sin embargo y pese a que optaron por no valorar la medida, incidieron en que, paradójicamente, "han sido estas ayudas las que, durante los últimos años, han contribuido a dar forma a la burbuja inmobiliaria". Para la portavoz de este organismo, Ana Solanas, "así llegaron la sobrevaloración, la sobretasación y el aprovechamiento de los promotores". Para Aicar-Adicae, lo que tendrían que haber hecho "los diferentes gobiernos es incentivar el alquiler social, al que se retiraron las ayudas".
Pacto de gobierno: un PAR muy crítico ve un antes y un después
El debate de la comunidad, que se celebrará a la vuelta del mes de agosto, será un buen termómetro para calibrar la relación política entre los socios que gobiernan Aragón, PP y PAR. Así lo admitieron ayer desde el partido aragonesista.
Estos fueron ayer muy críticos con los recortes anunciados por Rajoy. El portavoz aragonesista en Hacienda, Antonio Ruspira, admitió que las medidas que llegan desde el Ejecutivo central llevan a los ciudadanos "a un callejón sin salida" y puede llegar a dificultar la relación entre socios.
Ruspira lamentó que el acuerdo de gobernabilidad firmado entre ambos partidos "prevé tomar medidas para incrementar empleo", justo la dirección contraria, a juicio de Ruspira, de lo que está sucediendo con las directrices de Moncloa. "Con el PP aragonés no hay problemas y el acuerdo funciona relativamente bien y nos sentimos partícipes del Gobierno, pero está claro que habrá que sentarse a hablar y perfilar cuestiones que se están adoptando en Madrid y que son muy perniciosas", indicó Ruspira, quien admitió que las relaciones entre ambos partidos tendrán "un antes y un después" tras el debate del estado de la comunidad.
"Hay que hablar muchas cuestiones, impulsar las estrategias para crear empleo y comenzar a tomar medidas que lo fomenten, en lugar de recortar y atacar a las partes más débiles", señaló, visiblemente molesto y "muy preocupado" con las decisiones que se están adoptando y que no cuentan "con ningún consenso ni político ni social".
