La memoria histórica vuelve a estar en la cuneta. Cuando el PP llegó al poder en el 2011, cerró el grifo de los recursos de la ley de memoria histórica impulsada por el PSOE y aprobada en el 2007. A los populares, esta norma, que establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, les incomodó desde el inicio. "Eliminaría todos aquellos artículos que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. Yo no daría ni un solo euro del erario a esos efectos", advirtió Mariano Rajoy en una entrevista en el 2008. A su llegada a la Moncloa, cumplió su promesa, con la crisis económica como aval. "No hay que estar dándole vueltas de manera continuada al pasado", reafirmó hace dos semanas en el programa Salvados.
"El PP ha tratado de disfrazar con la crisis una decisión absolutamente ideológica, que no es otra que seguir manteniendo la división entre vencedores y vencidos, desoyendo sus posiciones más moderadas y haciendo caso a las más radicales", sentenció Francesc Antich el 31 de marzo en el Senado. El senador socialista denunció que el PP ha "enterrado" la ley al eliminar las partidas presupuestarias que le daban apoyo y dejarla "en vía muerta".
El Gobierno no ha dado respuesta a las 42 recomendaciones que la ONU le hizo en el 2014 tras denunciar la "privatización de las exhumaciones, que delega esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones", la ley de amnistía, la permanencia de símbolos de la dictadura y la necesidad de creación de una comisión de la verdad para tener, por ejemplo, datos públicos sobre el número de desaparecidos que siguen en las cunetas.
Baltasar Garzón cifró en 114.226 los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura en la causa penal que abrió contra los crímenes del franquismo en el 2008. El exjuez fue acusado de prevaricación por este caso, aunque el Tribunal Supremo (TS) lo terminó absolviendo en una sentencia en la que recordó que "los llamados juicios de la verdad no tienen cabida en nuestro ordenamiento".
Tras cerrarse la vía de los juzgados españoles, varias familias decidieron llamar a la puerta de los tribunales italianos, mexicanos y, sobre todo, argentinos. "La última exhumación ha sido posible porque Ascensión Mendieta, una señora de 88 años, se tuvo que pagar con su dinero un billete a Argentina para poder encontrar a su padre", explica Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Esta entidad decidió denunciar a Rafael Hernando, portavoz del PP, por sentenciar que "lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo".
"Decir algo así es de especial gravedad, aparte de ser una enorme mentira. Ningún familiar ha recibido ni un euro, solo ha sido para exhumaciones", comenta Silva, hijo de un fusilado por el franquismo. "Estamos en contra de las subvenciones porque lo que tiene que hacer el Estado, como dice la ONU, es responsabilizarse, algo que no ha hecho en casi 40 años de democracia". Mientras la Fundación Francisco Franco recibió una subvención de 150.840 euros públicos durante el Gobierno de José María Aznar, la asociación no ha recibido ni un euro desde que el PP volvió al poder; se financia gracias a la aportación de los socios, a una contribución anual de un sindicato de electricistas noruego (este año, 20.000 euros) y al premio de 100.000 euros que le dio el año pasado la Asociación de los Archivos de la Brigada Lincoln de Nueva York.
La mayoría de los familiares no reclaman que los asesinatos sean juzgados. Ni piden una reparación económica, como sí se ha dado en casos similares en otros países. Solo quieren poder encontrar a sus desaparecidos para cerrar el duelo. Desde el 2000, se han hallado 8.500 cadáveres en más de 350 exhumaciones. Pero España sigue siendo el segundo país del mundo con más fosas comunes, solo superado por Camboya.
