El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, aseguró ayer que no tiene intención de seguir repartiendo dinero «sin ton ni son» entre los municipios ubicados en áreas de influencia de los espacios protegidos, porque esas ayudas deben de tener una finalidad medioambiental.
Así lo recalcó, con rotundidad, en el Pleno de las Cortes en respuesta a una solicitud de comparecencia formulada por el diputado del PP Ramón Celma, quien se interesó por conocer el alcance de las órdenes de subvenciones relacionadas con los espacios naturales protegidos que se publicaron en el Boletín Oficial de Aragón el 16 de septiembre de 2016.
A juicio del consejero, al hablar de las subvenciones concedidas a ayuntamientos ubicados en áreas de influencia de estos espacios no hay que tener sólo en cuenta la cantidad de dinero que se reparte, sino para qué y con qué objetivos, algo que hasta ahora, a su juicio, no ha estado claro, porque no ha servido para solucionar «problemas reales». Y todo ello, agregó, porque no existió una política medioambiental clara, algo que Olona tiene el «firme propósito» de impulsar con la participación de los implicados, sobre todo de los presidentes de los patronatos de estos espacios naturales protegidos. «Sería absurdo que sólo fuera obra mía», enfatizó.
En esta línea, se va a modificar el Plan de Desarrollo Rural, el único documento que en la comunidad define las obligaciones políticas respecto al medio ambiente, porque para el consejero «no tiene sentido» que sean los políticos los que ejecuten lo que escriben los técnicos, y no al revés. El PP señaló que frente a la promulgada en el 2015, con un importe de 907.500 euros para los municipios de las áreas protegidas, la emitida para 2016 y 2017 prevé poco más de un millón. H
