La medida anunciada por el Ministerio de Sanidad de implantar el copago en el transporte sanitario no urgente ha caído como un jarro de agua fría entre las distintas asociaciones y colectivos de usuarios. Para ellos, es "un palo más" y no será el último hasta que la sanidad "deje de ser pública". Rechazan rotundamente cualquier tipo de copago y piden al Gobierno central que aclare cuáles serán las enfermedades y tratamientos que se considerarán como transporte no urgente.
Entre los más preocupados están los miembros de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer). Isabel García, presidenta del colectivo en Huesca, señaló que es "el golpe más duro que le pueden dar al paciente renal". Apuntó que es una medida que hace "saltar todas las alarmas" y recordó que el ministerio se comprometió con Alcer, a nivel nacional, a que los enfermos que necesiten diálisis no entrarían en este copago.
DESPLAZAMIENTOS Estos pacientes, explicó García, tienen que desplazarse "un día sí y uno no", lo que supondrá un importante gasto. En algunos casos para ir al hospital podrían hacerlo por su propio pie, pero es algo imposible a la salida porque es "como si les hubieran dado una paliza". Habrá personas mayores que no puedan acudir y este copago les aboca a "una muerte segura".
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) también mostró su rechazo. Patxi García, gerente en Zaragoza, apuntó que exigirán a la Administración que los enfermos oncológicos en tratamiento de radioterapia o quimioterapia no entren en el copago. Recordó además que el problema en Aragón se acrecenta ya que solo hay radioterapia en Zaragoza y son muchas las personas que necesitan trasladarse. Este medida, señaló, podría llevar a "situaciones extremas" como que algún paciente tuviera que renunciar al tratamiento.
A nivel nacional, la AECC se mostró muy preocupada porque la actual coyuntura económica, y la puesta en marcha de medidas para afrontarla, afecten a los servicios que las personas enfermas de cáncer y sus familias han venido recibiendo desde la "sanidad pública, universal y gratuita".
Tomás Mainar, presidente del Foro Aragonés del Paciente, indicó que rechazan este copago, "como cualquier otro". Aseguró que cuando un paciente necesita una ambulancia es porque un profesional lo ha prescrito y está medida implica "saltarse hasta la opinión de los médicos". Recordó que la medida es "muy sangrante" con el medio rural ya que, a todas las desventajas que ya tienen por la falta de equipamientos, ahora se sumará este nuevo gasto.
CÁNCER Otro de los colectivos contrarios es la Asociación Aragonesa de Cáncer Genital y de Mama (Amac--Gema). Su presidenta, María José Aybar, comentó que los enfermos que necesitan radioterapia van al hospital una media de 27 veces al mes. Además, para ella la medida no tiene ningún tipo de equidad porque saldrán favorecidos los enfermos que estén en Zaragoza cuando la sanidad debe ser "igual para todo el mundo". Señaló que es "otro golpe más" que se suma a los anteriores como la reducción de personal o la demora en el reembolso de las prótesis mamarias que está actualmente "en año y medio".
Por su parte, la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) denunció que establecer este copago "va en contra de la equidad del sistema sanitario que es un eje vertebrador del territorio". Entre los técnicos de ambulancias tampoco se aprobó la medida. Uno de ellos, con el que se puso en contacto este diario, aseguró que no es normal que todo lo que se ha conseguido en la sanidad "con mucho esfuerzo en la calle" desaparezca ahora.
La asociación estatal Facua--Consumidores en Acción criticó, asimismo, "la crueldad con los más débiles" que está llevando a cabo el Gobierno de España.
