La implantación de la receta electrónica marcó un antes y después en la administración diaria en las farmacias aragonesas. Ayudó a las autoridades a mejorar el control, pero también puso en manos de los boticarios los datos de sus pacientes. Este poder lo habrían utilizado algunos de los detenidos en la operación Pharmakon para revender los medicamentos, incluso a nombre de clientes que ya estaban muertos.
Así se desprende de la investigación conjunta entre la Guardia Civil y el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano, que está bajo secreto de las diligencias y que afecta ya a 22 imputados, siete de los cuales están en prisión provisional.
Según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, en las inspecciones realizadas en los establecimientos y en el análisis de la documentación del Servicio Aragonés de Salud se observó cómo algunos farmacéuticos habían utilizado el historial clínico de clientes fallecidos para facturar los medicamentos al Salud y luego revenderlos a otras comunidades o en el extranjero.
ENGAÑO
Este es uno de los modus operandi, pero había otro que era el de engañar a personas mayores y decirles que el medicamento que solicitaban ya se les había entregado anteriormente. Muchos pacientes se conformaban con estas explicaciones porque achacaban el incidente a un olvido, pero otros llegaron incluso a pedir explicaciones a los médicos porque necesitaban su tratamiento. De hecho, según estas mismas fuentes, en un primer momento se hizo ver al Departamento de Sanidad --que posteriormente impulsó esta investigación-- que era un "error tecnológico fruto de la puesta en marcha de este sistema de tarjeta electrónica".
En algunas ocasiones también se observó que algunos pacientes recibieron fármacos de unas enfermedades que no padecían. Con estas estrategias, los investigados vendían a otras boticas o fuera de España un medicamento que ya habían cobrado anteriormente. Se estima que el fraude podría ascender a más de un millón de euros.
DETENCIÓN
En el marco de esta operación, la Guardia Civil detuvo ayer a la responsable de la farmacia de Vera de Moncayo, Ana Suelves, que está pendiente de declarar ante el instructor turolense en las próximas horas, junto a sus cuatro compañeros arrestados anteayer en la capital aragonesa. Esta botica quedó también precintada.
La entrada y registro de este establecimiento sorprendió a los vecinos de este municipio de la zona del somontano del Moncayo, no por el hecho que se imputa, sino por la gran presencia de miembros del instituto armado. Así lo explicó la alcaldesa María Ángeles Sánchez, quien resaltó "los problemas con esta mujer". "Le exigíamos rigor con el horario o que tuviera más respeto con los ancianos a los que hacía ir varias veces para recoger sus fármacos, pero le daba igual", apostilló.
Otra de las críticas que destacó Sánchez era que, a pesar de usar la receta electrónica, les exigía el uso de la tarjeta sanitaria del Salud.
Esta actitud hizo que muchos vecinos decidieran ir a comprar a Añón o Tarazona para evitar tener que "lidiar", según la primera edila. De hecho, reconoció que "lo raro era que no hubiese cerrado anteriormente porque no podía hacer negocio con los clientes habituales".
La investigación continúa abierta y podría afectar a más farmacias y despachos distribuidores no solo de Aragón, sino también de otras autonomías.
