Llegaron a la cita con las urnas asegurando que había otras formas de hacer política; que representaban otras maneras de decidir, de aunar esfuerzos y de trabajar por la ciudad; que serían capaces de transformar la casa de todos y no solo de unos pocos. Así aterrizaba Zaragoza en Común (ZeC) en las elecciones de mayo del 2015, donde los ciudadanos le confiaron la posibilidad de llevar a la práctica todas sus fórmulas mágicas, con la ayuda de PSOE y Chunta. Pero hoy, doce meses después de aquellos comicios --se cumplen el próximo día 24--, la realidad del consistorio es distinta: la de un Gobierno en minoría, de solo nueve concejales de 31, con muchas dificultades para sacar adelante proyectos de calado, con el presupuesto del 2016 como principal (y casi único) éxito político e inmerso en el debate sobre si hay parálisis, como le acusa la oposición, o bloqueo, como defiende ella.

Como quiera que explique el escenario actual, la realidad evidencia su soledad. En el salón de plenos y en su relación con el Gobierno de Aragón. Una falta de empatía y de diálogo forjado a base de desencuentros, con la oposición y con el presidente Javier Lambán. Con la derecha, por razones obvias, y con la izquierda, PSOE y CHA, que le auparon al Gobierno y que ya acumula cuatro fotos junto a PP y Ciudadanos rechazando sus políticas. Por la imposición del modelo de elección de los alcaldes pedáneos, por la huelga del autobús en dos ocasiones y por hurtar del debate los proyectos de inversión privada.

Son doce meses en los que sus intentos de transparencia en la información se han tornado en destapar las vergüenzas del anterior Gobierno socialista. Con estiletes como el pago de los despidos de AUZSA a tres días de la toma de posesión del alcalde, Pedro Santisteve, la auditoría de septiembre en la que se hablaba de un agujero de más de 100 millones de euros entre partidas infradotadas y deudas con las contratas, la peliaguda situación que consentía la sociedad Zgz@Desarrollo Expo con los negocios del Parque del Agua o los reiterados ataques (con visita del primer edil a Fiscalía incluida) al gerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero, puesto en el cargo en la etapa del PSOE.

El cambio en mayo del 2015 no contaba con tener que gestionar la huelga más larga del transporte público en la capital aragonesa. Fueron 140 días de huelga indefinida y 123 de efectos reales en el servicio. Hartazgo de los ciudadanos y críticas continuadas a ZeC. Con los responsables de Servicios Públicos y Movilidad, Alberto Cubero y Teresa Artigas, respectivamente, muy desgastados. Con una división interna maquillada en forma de enriquecedora divergencia de opiniones. Y con una oposición unida y en su contra.

El problema para ZeC es, sobre todo, la inestabilidad que consigue el hecho de que ya no sea tan raro que PP y PSOE voten lo mismo en el pleno, se sumen o no Ciudadanos (C's) o Chunta. El revés al Gobierno municipal con las ordenanzas fiscales fue el más sonado de todos. El responsable de Economía, Fernando Rivarés, no pudo subir los impuestos como pretendía (gravando más a los inmuebles más caros en el IBI) pero pudo cerrar su herida con el presupuesto de este año, al que logró concitar a PSOE y CHA. Esto le ha dado credibilidad como negociador.

O quizá un respiro. El que no ha tenido, por ejemplo, Cubero con la municipalización, otro de los objetivos estrella con los que ZeC concurrió a la cita con las urnas. Está lejos de sumar voluntades en favor de rescatar contratas para la gestión directa. Y los informes técnicos no siempre le dan la razón. Del que estaba haciendo la Universidad de Zaragoza, ya ni se habla.

Tampoco el Urbanismo ha obtenido grandes avances en cuanto a los asuntos más problemáticos. Su responsable, Pablo Muñoz, ya ha logrado estrenar la antigua Harinera de San José e intenta que la participación se cuele en asuntos espinosos como la reutilización de los antiguos depósitos de Pignatelli o las mejoras en Parque Venecia. Pero la oposición le pide hablar de más cosas. Del outlet que quiere hacer Pikolín, del derribo de las naves no catalogadas de la factoría Averly para hacer 200 pisos o de hacer un supermercado en el antiguo colegio Lestonnac, en Torrero. Incluso se lo manda el pleno, pero ni caso.

Tampoco se habla de la cesión a 75 años de La Romareda al Real Zaragoza que paralizó ZeC. Santisteve hablaba de "expolio" de suelo público, Rivarés, de intereses de la oligarquía local. Su situación no ha cambiado, sigue parada, aunque argumenten motivos de trámite.

De soledad ha hablado hasta en dos ocasiones el alcalde: tras sus 100 primeros días y para ofrecer un acuerdo de gobernabilidad a PSOE yCHA (a los nacionalistas esta semana les planteó entrar en el Gobierno). Pero también lo estaba cuando decidió cambiar el nombre del pabellón Príncipe Felipe por el de José Luis Abós (ahora judicializado), o pagar con dinero público sus viajes a ciudades del cambio --con la sorna por el bote de gomina incluida--, o para imponer el sistema de elección de los alcaldes pedáneos. Porque los gestos como bajarse el sueldo nada más llegar ya se han olvidad y otros, como colgar banderas en el balcón consistorial, no le han ayudado. El cambio, por ahora, sigue a la espera en Zaragoza.