La Diputación Foral de Vizcaya demostró el pasado 29 de octubre al resto de instituciones que no es verdad que no se puedan blindar los derechos laborales adquiridos por el personal que trabaja en las contratas. Que se pueden fijar como exigencia de obligado cumplimiento por las empresas en cada concurso público y no solo a riesgo de perder un contrato, sino de quedar excluidas en los siguientes que salgan a licitación. El Observatorio de la Contratación del Ayuntamiento de Zaragoza, de la mano de su presidente y concejal de IU, Raúl Ariza, ya están trabajando en trasladar esta instrucción a la capital aragonesa. Para empezar a aplicarla cuanto antes.

Se trata de impedir que se repitan los problemas surgidos tanto en el transporte público, cuando la adjudicataria planteó un ERE para 153 personas nada más adjudicársele el contrato, como en las zonas verdes, donde FCC rebajó unilateralmente el sueldo del personal en un 21,5% nada más recibirlo, el pasado mes de enero.

La instrucción de la Diputación Foral argumenta la necesidad de establecer una serie de cláusulas en los pliegos administrativos de los contratos que se saquen a concurso en los que llegar sin ningún conflicto laboral a las espaldas sea un motivo de valoración positiva. Otra forma de penalizar a las que incumplan.

También apuesta por incluir cláusulas en las que alterar las condiciones del convenio específico vigente en el momento de la adjudicación, de forma unilateral y salvo q ue sea con el acuerdo de los representantes sindicales, pueda ser penalizado. En el momento que se acredite esa desviación y su alcance, los gestores propondrían una propuesta de penalización si esta es igual o inferior al 10% o de resolución de contrato si es superior. En este supuesto, en el conflicto de Parques y Jardines el ayuntamiento ya tendría base jurídica a la que agrarrarse para tramitar la rescisión de la contrata a FCC.

DE CARÁCTER SOCIAL Además, establecen una cláusula más para que la normativa de riesgos laborales no sea una entelequia. Incumplirlo se castigaría con la pérdida de "un 5% del presupuesto" si se considera infracción leve y "hasta el 10%" si es grave. Sobre todo exigiéndole a la empresa que el salario por hora no pueda ser rebajado. Y si se hace que sea con la condición, ya conocida de antemano, de que puede ser sancionada por la Administración contratante. "Salvo que se acredite que su aplicación responde a un acuerdo suscrito por los trabajadores", informa la instrucción de la diputación.

Esta es una de las medidas adicionales con un marcado carácter social, entre las que también se incluirían otras como la obligatoriedad de elaborar un plan de igualdad para todas aquellas empresas concesionarias con más de 125 trabajadores. O que en las nuevas contrataciones que se realicen se dedique "al menos un 15%" para "colectivos especialmente afectados por el desempleo". Un apartado en el que entrarían parados que sean mayores de 45 años, jóvenes menores de 30, desempleados que llevan más de doce meses sin trabajo o beneficiarios de la renta social. En este caso, se incluirían en aquellos contratos de obra superiores a 2,5 millones de euros o de servicios con un precio de licitación de más de 250.000 euros.