Gestos más que cifras. Eso es lo que reclama el Ayuntamiento de Zaragoza en la negociación con el Gobierno de Aragón por la futura ley de capitalidad que, según ambas partes, está al 99%. Pero el 1% restante resulta que concentra toda la carga política del acuerdo entre instituciones. Según ha podido saber este diario, el texto, que ya está redactado, podría incluir un apartado fundamental en el que la DGA se comprometiera a transferir a la ciudad un porcentaje fijo del incremento que registre en sus ingresos no financieros. Al menos es lo que pretende el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), que incluso plantea un hipotético 5% del mismo como opción a valorar y con el que, aseguran, se darían por satisfechos.

Se puede entender fácilmente que es un paso de gigante pasar del debate sobre poner una cifra al coste de los servicios delegados o al denominado fondo de capitalidad a atar por ley unos ingresos fijos que se supeditan a la mejoría de la comunidad autónoma en lo económico. Es decir, aplicar la filosofía de que si le va bien a Aragón también debe notarlo su capital. Y asegurar una transferencia de la DGA al ayuntamiento que zanje el enfrentamiento que ya dura décadas y hacerlo "de forma definitiva y con independencia de las siglas" del partido que gobierne en el Pignatelli.

Todo es negociable y las espadas siguen en todo lo alto. Pero al menos ya hay una propuesta económica que debatir y un acuerdo político al más alto nivel que selle la futura ley de capitalidad. La oferta pasa por garantizar que un porcentaje de lo que se recaude más a través de los impuestos con respecto al año anterior acabe en las arcas municipales. Por entender que si, por ejemplo, se aplica un tributo sobre el consumo de hidrocarburos, los zaragozanos son quienes más aportarán a las arcas autonómicas con el mismo. O si el Estado decide transferir más dinero a Aragón, quizá influya que Zaragoza tenga 700.000 habitantes de los 1,32 millones que tiene en total la comunidad autónoma.

Hacer ley de este razonamiento acabaría con las disputas, en opinión del consistorio, sobre qué cantidad es la adecuada para un fondo de capitalidad que, en realidad, parte de esa misma idea y de cómo un número importante de habitantes que residen en su entorno metropolitano se benefician también, para ir a trabajar o a estudiar, de unos servicios públicos que costean con sus impuestos solo los zaragozanos. Ni los 4 millones de euros que ofrecía el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi ni los 25 que reclamaba el PSOE cuando gobernaba en Zaragoza. Un compromiso político de envergadura con la capital. Eso es lo que se busca con esta ley.

De hecho, los conservadores ya intentaron vincular los ingresos de Aragón a la aportación anual a la ciudad. Rudi lo que pretendía era que Zaragoza recibiera una cuantía fija, esos cuatro millones, y otra variable que dependiera de que la aportación del Estado aumentara con respecto al ejercicio anterior. Nada que ver con la actual propuesta de ZeC, que no ha desaprovechado la oportunidad de vincular ese compromiso a lo que el Gobierno autonómico recaude vía impuestos.

Después de 29 reuniones técnicas, área a área, solo cabe rematar el acuerdo económico y este no se rubricará mientras no establezcan ese porcentaje. O el Gobierno de Javier Lambán acceda al mayor acuerdo político alcanzado hasta la fecha entre ambas instituciones. Si es que se produce. Porque la DGA aseguró que estaría lista la ley en septiembre y al mes le quedan solo trece días.